La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.

En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.

La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.

En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.

Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.

La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.

La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.

En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.

El Congreso de la República aprobó este martes 17 de febrero de 2026 la censura contra el presidente interino José Jerí Oré, poniendo fin a su breve gestión de apenas cuatro meses y una semana tras asumir por sucesión constitucional luego de la vacancia de Dina Boluarte. La moción se debatió en un Pleno Extraordinario donde se acumularon siete propuestas de censura, motivadas principalmente por las reuniones no registradas que sostuvo Jerí con empresarios chinos, señaladas por presuntas irregularidades, tráfico de influencias y falta de idoneidad para el cargo. Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la censura superó ampliamente los 66 votos requeridos, declarando vacante la Presidencia de la República.

La bancada de Fuerza Popular, encabezada por Keiko Fujimori, mantuvo un blindaje disciplinario hasta el final. Dieciséis congresistas fujimoristas votaron en contra de la censura, fieles a la postura defendida por su lideresa, quien el lunes anterior insistió en que remover a Jerí a solo dos meses de las elecciones generales de abril de 2026 generaría inestabilidad política. Entre los que respaldaron esta línea se encuentran Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Ernesto Bustamante y Martha Moyano. Sin embargo, el apoyo de otras bancadas —Renovación Popular, Perú Libre, sectores de Acción Popular y Somos Perú— fue determinante para imponer la salida del mandatario.

Keiko Fujimori había expuesto su posición el lunes en el programa Enfrentados de América Televisión, donde argumentó que un cambio abrupto provocaría caos institucional y podría favorecer a la “izquierda radical”. Aunque reconoció fallas en la gestión de Jerí, sobre todo en seguridad, subrayó que su defensa respondía al orden constitucional y no a un respaldo personal. Las declaraciones circularon en varios medios, pero no lograron cambiar el rumbo en el hemiciclo, dejando a Fuerza Popular expuesta a críticas por aparente priorización de intereses propios por encima de la gobernabilidad.

Con la censura aprobada, el Congreso sesionará este miércoles 18 de febrero para elegir al nuevo presidente de la Mesa Directiva, quien asumirá de inmediato la Presidencia interina hasta el 28 de julio, fecha en que juramentará el ganador de las elecciones. José Jerí se convierte así en el octavo presidente peruano en menos de una década, un hecho que refuerza la imagen de inestabilidad crónica del sistema político y agrava la crisis institucional en plena recta electoral.

La salida de Jerí deja un panorama más incierto para los comicios, con Fuerza Popular bajo fuego por el fracaso de su estrategia de blindaje mediático y congresal. El país espera ahora la designación del nuevo mandatario interino en medio de una alta polarización, crecientes demandas ciudadanas por transparencia y anticorrupción, y el riesgo de mayor fragmentación política justo antes de las urnas.