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El grito incesante del Perú contra Dina Boluarte

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Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, el Perú no ha dejado de protestar. En el interior del país —Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Huancavelica y Junín— la indignación se ha convertido en un clamor permanente. Las movilizaciones, que comenzaron con bloqueos de carreteras y tomas de aeropuertos, dejaron más de 50 muertos y 1.400 heridos entre 2022 y 2023, según Amnistía Internacional.

En Puno, la llamada “Masacre de Juliaca” del 9 de enero de 2023, donde 18 manifestantes fueron asesinados por disparos policiales, marcó un punto de inflexión. Desde entonces, el grito de “Dina asesina” resuena en plazas y marchas. En Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022, la represión en Huamanga dejó heridos y detenidos, mientras en Andahuaylas, Apurímac, se reportaron más de 50 lesionados. Estas regiones, donde Pedro Castillo obtuvo más del 80% de respaldo en 2021, hoy concentran el rechazo más alto a Boluarte, cuya desaprobación alcanzó el 92% en 2024 según Datum.

Durante 2023, las protestas se extendieron con la “Tercera Toma de Lima”, que reunió a miles de delegaciones del sur y centro andino. En Cusco, la toma del aeropuerto Velasco Astete dejó heridos, mientras en Arequipa y Moquegua los bloqueos afectaron el transporte y la minería. Las manifestaciones, articuladas por gremios como el Sutep y la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, no solo exigían la renuncia presidencial, sino una nueva Constitución que devuelva representatividad al país profundo.

El rechazo también se trasladó a los ministros. En octubre de 2024, en Lurigancho-Chosica, Boluarte y el ministro de Salud, César Vásquez, fueron abucheados durante una inauguración escolar. En Huaycán, Morgan Quero, ministro de Educación, recibió huevos y piedras tras calificar de “ratas” a las víctimas de las protestas, lo que derivó en una investigación fiscal. En Huancavelica, en junio de 2025, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, enfrentó pifias en un acto público, y en Arequipa, en julio, manifestantes atacaron un vehículo oficial.

El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, censurado por su ineficacia ante la inseguridad en marzo de 2025, fue abucheado en actos policiales. En Loreto, las protestas mineras de julio de 2025 contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dejaron cuatro heridos y denunciaron el abandono del Estado frente a las comunidades amazónicas.

Otro símbolo del malestar popular es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, cuestionado por su cercanía al empresariado minero. En mayo de 2025, gremios agrarios de Arequipa y Puno convocaron un paro nacional contra su propuesta de reducir impuestos solo a agroexportadores, dejando fuera a la agricultura familiar, que representa el 97% de la producción nacional. Sus declaraciones —“si te va mal, no le tienes que pedir nada al Estado”— y su frase en Perumin 37 (“la agricultura puede esperar, la minería no”) desataron protestas en el valle de Tambo, donde manifestantes quemaron una efigie de Boluarte. El 4 de octubre de 2025, en Ayacucho, Manero fue abucheado a la salida de una audiencia agraria por familiares de víctimas y frentes de defensa.

Mientras tanto, las marchas juveniles en Lima y sus periferias reactivan la protesta. En septiembre de 2025, colectivos de la Generación Z salieron a las calles de Los Olivos y Plaza San Martín para denunciar la corrupción y la represión, con varios heridos y una fuerte presencia policial. En redes sociales, los hashtags #DinaAsesina y #FueraBoluarte acumulan miles de publicaciones, reflejando un rechazo que traspasa fronteras.

En septiembre de 2025, Cusco suspendió trenes hacia Machu Picchu por bloqueos, y en Ayacucho, el Sutep lideró marchas exigiendo justicia para las víctimas. El gobierno, sin capacidad de diálogo, califica las protestas como “cultura de odio”, mientras el Congreso, también con más del 90% de desaprobación, sostiene a Boluarte al rechazar mociones de vacancia.

La presidenta concentra hoy más del 85% de su agenda en Lima y Callao, evitando regiones donde su presencia genera rechazo. Pero el interior sigue siendo el termómetro de la crisis política. En Puno, Huancavelica y Arequipa, los pueblos continúan movilizados, exigiendo justicia, elecciones anticipadas y el fin de un sistema que consideran indolente y excluyente.

Las acusaciones por genocidio, corrupción y enriquecimiento ilícito, junto al Rolexgate y las cirugías estéticas ocultas, han profundizado la desconfianza. Cada abucheo, bloqueo o marcha expresa un sentimiento acumulado de traición y abandono.

A tres años del estallido social, el grito no se apaga. El sur y la sierra resisten, con un mensaje que retumba en cada plaza y carretera: el Perú no olvida, y su clamor sigue siendo incesante.

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Movilización encabezada por Rafael López Aliaga expone la división de la derecha peruana y críticas a Keiko Fujimori

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Domingo 19 de abril 2026.- La movilización encabezada por Rafael López Aliaga, ex candidato del partido derechista Renovación Popular, en el contexto postelectoral 2026 constituye un episodio relevante para entender la reconfiguración del espacio político conservador en el Perú, que expone la división y críticas a la principal representante del sector capitalista neoliberal. Más allá de su carácter coyuntural, la protesta se inscribe en una dinámica de cuestionamiento institucional que ha sido recurrente en procesos electorales recientes, marcada por denuncias de fraude no probadas.

Durante la jornada, López Aliaga reiteró acusaciones contra el proceso de conteo de votos y dirigió críticas explícitas a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Sus declaraciones, que incluyeron señalamientos de presuntas irregularidades, se producen en un contexto de competencia directa por un electorado ideológicamente cercano, lo que sugiere una estrategia de diferenciación dentro del mismo espectro político antes que una simple confrontación episódica.

En términos de movilización social, la protesta evidenció patrones geográficos y sociopolíticos consistentes con la base electoral del liderazgo convocante. Distritos como Miraflores, San Isidro, La Molina y San Borja han mostrado históricamente una mayor afinidad con propuestas de derecha liberal y conservadora, lo que permite inferir una participación significativa de sectores de ingresos medios y altos en este tipo de convocatorias.

Los limeños de San Isidro, San Borja y Miraflores se habrían transportado en buses cómodos

No obstante, desde una perspectiva metodológica, es necesario matizar dicha inferencia. La ausencia de datos sistemáticos sobre la composición sociodemográfica de los asistentes impide afirmar con precisión la predominancia de un determinado grupo social en la movilización. En ese sentido, cualquier caracterización de la protesta como representativa de la “élite limeña” debe ser entendida como una hipótesis interpretativa basada en correlaciones electorales, no como una conclusión empíricamente verificada, a pesar que la mayoría de ellos fueron a la marcha desde esos distritos acomodados.

El discurso desplegado por López Aliaga también revela una estrategia de construcción narrativa orientada a cuestionar la legitimidad del proceso electoral en su conjunto. La reiteración de denuncias sin sustento comprobado se alinea con patrones observados en otros contextos regionales, donde actores políticos recurren a la impugnación preventiva o posterior de resultados como mecanismo de presión o reposicionamiento político.

Al mismo tiempo, el enfrentamiento con Fujimori pone en evidencia la fragmentación del bloque conservador. A pesar de compartir posiciones programáticas en temas económicos y sociales, ambos liderazgos compiten por un electorado similar, lo que intensifica la confrontación y reduce los márgenes para una eventual articulación política en el corto plazo.

En suma, la marcha liderada por López Aliaga debe ser leída no solo como una expresión de protesta frente al proceso electoral, sino como un síntoma de división interna de la derecha peruana, lo que favorece a oponente que queda en segundo lugar. Las tensiones entre sus principales figuras, sumadas a la utilización de narrativas de fraude, configuran el deseo de generar un escenario de incertidumbre que podría tener implicancias tanto en la estabilidad institucional en lo posterior.

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España exige el retiro de Israel de la Unión Europea en Cumbre Global Progresista 2026

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Barcelona 18 de abril 2026.– En el marco de la Cumbre Global Progresista 2026 (GPM2026), el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha elevado el tono de su discurso en relación con Israel, planteando la necesidad de revisar de manera profunda los vínculos del país con la Unión Europea ante la situación en Oriente Medio.

Durante su intervención principal, Sánchez defendió que Europa debe actuar con mayor firmeza frente a lo que calificó como incumplimientos del derecho internacional, y señaló que mantener relaciones privilegiadas con Israel resulta incompatible con los principios fundacionales del bloque comunitario. En ese contexto, instó a considerar medidas que incluyan su exclusión de ciertos marcos de cooperación europea.

El mandatario español subrayó que la defensa de los derechos humanos y la protección de la población civil deben situarse en el centro de la política exterior europea, especialmente ante la crisis en Gaza. “No se puede mirar hacia otro lado”, afirmó, insistiendo en que la credibilidad de la Unión Europea depende de la coherencia entre sus valores y sus acciones.

En paralelo, Sánchez mantuvo encuentros con líderes internacionales afines, con quienes coincidió en la necesidad de reforzar el multilateralismo y avanzar hacia una respuesta coordinada de la comunidad internacional. Estas reuniones consolidan un bloque de países que presionan por cambios en la política global hacia el conflicto.

España, que en los últimos meses ha incrementado su protagonismo diplomático, también reiteró su apoyo al reconocimiento del Estado palestino como parte de una solución de dos Estados. Esta postura, sin embargo, sigue generando divisiones dentro de la Unión Europea, donde no existe una posición unificada.

Con este planteamiento, el Gobierno español busca influir en la agenda europea y acelerar un debate interno sobre los límites de sus relaciones exteriores, en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones y una fuerte presión política sobre las instituciones comunitarias.

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Segunda vuelta electoral aún en disputa en Perú

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Los resultados preliminares difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 90% de actas procesadas, muestran un escenario de alta fragmentación política. En el plano legislativo, varias organizaciones ya superan la valla electoral del 5%, lo que les permitiría obtener representación en el Congreso. Fuerza Popular encabeza las preferencias con alrededor de 17%, seguida por otras agrupaciones que se mantienen por encima del umbral mínimo.

Entre los principales partidos que estarían pasando la valla destacan el liderado por Keiko Fujimori con aproximadamente 17% de los votos; así como las fuerzas vinculadas a Roberto Sánchez con cerca de 12% y Rafael López Aliaga con alrededor de 11.9%. Otras agrupaciones se ubican entre el 6% y 8%, consolidando su ingreso al Parlamento. Las proyecciones indican que estos porcentajes variarían levemente, manteniéndose dentro de esos rangos al cierre del conteo.

En la contienda presidencial, Keiko Fujimori lidera con cerca del 17%, lo que prácticamente asegura su presencia en la segunda vuelta. Sin embargo, el segundo lugar sigue en disputa entre Roberto Sánchez (≈12%) y Rafael López Aliaga (≈11.9%), quienes mantienen una diferencia mínima dentro del margen estadístico. Esta situación mantiene la incertidumbre sobre quién acompañará en el balotaje.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa evaluando actas observadas y recursos de nulidad. Este proceso será determinante para oficializar tanto a los partidos que superan la valla electoral como a los dos candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta, una vez concluya el escrutinio total.

En este contexto, el país se encamina a una definición ajustada, con una segunda vuelta aún abierta y un Congreso fragmentado. Pero, casi definido a que Juntos por el Perú liderado por Roberto Sánchez obtenga su pase a la segunda vuelta electoral, como ya lo habíamos advertido en las notas anteriores a las elecciones generales del 12 de abril.

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