En un contexto de tensiones geopolíticas exacerbadas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su política de «máxima presión» contra Cuba mediante una orden ejecutiva firmada el 29 de enero de 2026, que impone aranceles adicionales a cualquier nación que suministre petróleo a la isla. Esta medida, declarada como una «emergencia nacional» por supuestos lazos de Cuba con países hostiles y grupos terroristas, busca cortar el flujo energético vital para la economía cubana, agravando un embargo que data de 1962. Sin embargo, analistas y críticos internacionales coinciden en que estas acciones no solo fallan en promover cambios políticos, sino que castigan directamente a la población civil, revelando un enfoque inhumano que prioriza la confrontación ideológica sobre el bienestar humano.

La justificación oficial de la administración Trump se centra en presionar al régimen cubano para que cese su apoyo a aliados como Rusia, China e Irán, pero en la práctica, estas sanciones energéticas han desencadenado un colapso inminente. Cuba, que ya enfrentaba una escasez crónica tras el corte de suministros venezolanos, ahora solo cuenta con reservas de petróleo para 15 a 20 días, según datos de expertos. Esto ha llevado a apagones masivos de hasta 20 horas diarias, paralizando el transporte público, la agricultura y el turismo –sectores clave que representan el sustento de millones. Críticos argumentan que Trump ignora deliberadamente el impacto desproporcionado en civiles, evocando tácticas de asedio que violan principios humanitarios básicos, como el acceso a energía esencial para la supervivencia.

Las consecuencias económicas para los cubanos son devastadoras: familias pierden alimentos por falta de refrigeración, hospitales operan con generadores precarios, y el desempleo se dispara en industrias como el turismo, donde hoteles cierran y aerolíneas internacionales suspenden vuelos por ausencia de combustible de aviación. Residentes en La Habana y otras provincias comparan esta crisis con el «Período Especial» de los 90, pero afirman que ahora es peor debido a la globalización de las sanciones, que disuaden incluso a aliados como México o Rusia de enviar ayuda. Esta situación no solo acelera la pobreza extrema y la migración irregular, sino que expone la hipocresía de una política que, bajo el pretexto de defender la democracia, genera hambre y desesperación en una población vulnerable, afectando desproporcionadamente a niños, ancianos y enfermos.

Desde América Latina, incluyendo Perú, las críticas a Trump no se han hecho esperar: gobiernos progresistas y organizaciones como la ONU condenan estas medidas como «genocidas» y unilaterales, argumentando que violan el derecho internacional y agravan desigualdades regionales. En Perú, donde la solidaridad con Cuba ha sido histórica a través de lazos culturales y políticos, analistas locales ven en esto un retroceso a la Guerra Fría que ignora el contexto pospandémico y las crisis migratorias compartidas. Rusia, por su parte, califica la situación de «crítica» y culpa directamente a Washington por un bloqueo que impide el desarrollo sostenible, mientras que en redes sociales, como en X, se reportan incidentes como el rechazo de Jamaica a un buque cubano por temor a represalias, ilustrando el alcance extraterritorial inhumano de estas políticas.

En última instancia, las decisiones de Trump no solo fallan en debilitar al gobierno cubano, sino que fortalecen narrativas de victimización y radicalizan posturas en la región. Para una web de noticias peruana, es imperativo cuestionar si esta estrategia de asfixia económica vale el costo humano, urgiendo a la comunidad internacional a priorizar el diálogo sobre el castigo colectivo. Mientras Cuba se acerca a un posible colapso humanitario, queda claro que políticas como estas no promueven la libertad, sino que perpetúan ciclos de sufrimiento innecesario, demandando una revisión urgente desde una perspectiva ética y global.

Lima, 30 enero 2026.- La 3° Movilización por la Educación – BECAS 2026, convocada por la Red Nacional de Juventudes del Perú (RENAJUV), se desarrolló el viernes 30 de enero de 2026 en el frontis del Congreso de la República (cruce de Av. Abancay con Jr. Junín, Cercado de Lima), desde las 9:00 a.m. Cientos de jóvenes postulantes a Beca 18, becarios actuales, exbecarios y familias se congregaron de forma pacífica para demandar el financiamiento integral del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación (Minedu).

La acción protestó contra el recorte presupuestal que limita las becas nuevas a unas 10.000 plazas —frente a las 20.000 o hasta 38.000 prometidas inicialmente— y el prolongado retraso en la publicación de los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP) de noviembre 2025, afectando a más de 100.000 postulantes en situación de vulnerabilidad. Los participantes, muchos con pancartas, banderas de RENAJUV y megáfonos, entonaron consignas como “Con los recursos de las becas no se juega”, “Pronabec no se negocia” y “#JuntosPorLaEducación”.

Líderes de la organización, incluido Anthony Ramos Vargas (presidente de RENAJUV), criticaron el “pase de responsabilidades” entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como la falta de transparencia y el silencio oficial. Se entregó un petitorio simbólico al Congreso solicitando la publicación inmediata de la lista de preseleccionados y un aumento urgente del presupuesto para evitar que miles de jóvenes talentosos queden excluidos del acceso a la educación superior.

La marcha transcurrió sin incidentes violentos ni detenciones, concentrándose en la explanada bajo condiciones climáticas adversas. Candidatas al Senado Nacional como Margot Palacios y Mirtha Vásquez destacaron en sus redes la determinación de los manifestantes y la urgencia de respuestas concretas de parte del gobierno, señalando que varias universidades ya cerraron inscripciones mientras persiste la incertidumbre. El gobierno, ante la presión acumulada de esta y marchas previas (diciembre 2025 y 9 de enero frente al MEF y Minedu), reiteró el compromiso de al menos 10.000 becas nuevas para 2026, con la lista de preseleccionados prevista para antes de mediados de febrero —un avance parcial que los organizadores atribuyen directamente a la visibilización generada por las movilizaciones.

Esta fue la tercera concentración consecutiva de RENAJUV en defensa de las becas, enmarcada en una crisis presupuestal donde solo se asignaron cerca de S/50 millones frente a solicitudes mucho mayores. Padres y postulantes enfatizaron que el retraso no es solo técnico, sino una dilación que pone en riesgo la movilidad social de generaciones vulnerables. La protesta generó eco en redes y medios, reforzando críticas al gobierno interino por priorizar insuficientemente la educación en un contexto de desigualdad persistente en el acceso a la universidad.

RENAJUV calificó la jornada como un éxito al mantener el tema en la agenda pública y política, aunque advirtió que la lucha continúa. Los jóvenes no descartan nuevas acciones si no hay anuncios firmes en las próximas semanas. La movilización resalta la demanda colectiva por tratar la educación como un derecho real y no como promesa incumplida, en un Perú donde miles de egresados de secundaria ven truncadas sus oportunidades por barreras económicas y administrativas.

Lima, 18 de enero de 2026 — La capital peruana conmemora este domingo sus 491 años de fundación española, en una jornada que mezcla actos protocolares, actividades culturales y deportivas gratuitas, pero bajo un tono de sobriedad marcado por la suspensión de la tradicional Serenata a Lima en señal de duelo por el fallecimiento de dos trabajadores municipales en un accidente vial.

Todo comenzó el 18 de enero de 1535, cuando el verdugo español Francisco Pizarro clavó el rollo en el valle del Rímac para erigir la Ciudad de los Reyes, elegida por su fertilidad, proximidad al puerto del Callao y trazado en damero español sobre el paisaje prehispánico. El nombre indígena Limaq (deformado a Lima) prevaleció sobre la denominación oficial, dando inicio a una urbe que se convertiría en capital del Virreinato más rico de América, resistiendo terremotos como el de 1746, invasiones de otros imperios y la ocupación chilena de 1881.

Sin embargo, a lo largo de casi cinco siglos, el centralismo limeño se consolidó como una estructura agobiante que concentra poder político, económico y administrativo en la capital, atrayendo recursos y población del interior de Perú. Hoy, con más de 10.5 millones de habitantes en su área metropolitana, Lima representa cerca de un tercio del padrón electoral nacional y recibe la mayor parte del presupuesto nacional, perpetuando críticas por desigualdad territorial real y brechas que alimentan percepciones de que el país “no funciona para la mayoría”, según encuestas recientes, pero según datos oficiales, planteando escenarios de cambios urgentes por los nuevos habitantes de este territorio de fundación española.

Esta vez, la celebración se ve opacada por la inseguridad galopante, considerada una de las peores épocas desde la implementación del sistema y su modelo económico desigual. En los primeros días de enero de 2026 ya se registran decenas de muertes violentas, con Lima liderando las cifras de homicidios, extorsiones y robos. Por ejemplo, un estudio de Ipsos revela que el 73% de los limeños vive con miedo a la delincuencia, y el 48% no se siente a gusto en la ciudad, un deterioro drástico que coincide con protestas de transportistas y comerciantes exigiendo medidas efectivas al Estado.

A 491 años de su fundación, Lima enfrenta su paradoja histórica: una metrópoli diversa que se reinventa diariamente para mantenerse habitable, pero atrapada entre su legado fundacional, el peso del centralismo y la urgencia de combatir una criminalidad originada en sus estructuras económicas que amenaza su vitalidad cotidiana. Hoy, entre la carrera Lima Corre 10K, pasacalles multiculturales, el Clásico Ciudad de Lima y el Concierto Gala, la capital se mira a sí misma con orgullo y preocupación real, recordando que su historia no es solo de resistencias pasadas, sino de desafíos presentes que demandan respuestas urgentes, cambios urgentes para dar fin a las grandes desigualdades como factores de sus grandes males que podrían tocar la puerta más temprano que tarde.