Lima, 13 de noviembre de 2025 – Venezuela ha activado una «defensa total» con el despliegue de 200.000 efectivos militares en respuesta a la creciente presencia de fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. Bajo el Plan Independencia 200, anunciado el 11 de noviembre, Caracas puso en máxima alerta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluyendo medios terrestres, aéreos, navales y sistemas de defensa rusos S-300, para proteger su soberanía frente a lo que Nicolás Maduro califica como «la mayor amenaza en 100 años».

La escalada comenzó en septiembre de 2025, cuando la administración de Donald Trump intensificó su presencia militar, justificándola como una operación antinarcóticos contra cárteles como el Tren de Aragua. La llegada del portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford, escoltado por destructores y con 15.000-16.000 efectivos, marca el mayor despliegue estadounidense en el Caribe en 35 años. Washington reporta haber destruido 20 botes y causado 76 muertes, acciones que Venezuela denuncia como «ataques extrajudiciales» que violan la soberanía regional.

Maduro ha preparado una «república en armas», movilizando millones de milicianos y planificando una resistencia guerrillera en caso de invasión, mientras expertos advierten que la superioridad tecnológica de EE.UU. contrasta con la ventaja geográfica venezolana para una guerra asimétrica. La tensión ha generado preocupación global, con la ONU y la OEA llamando a la desescalada diplomática. La postura beligerante de Washington debe priorizar el diálogo multilateral para evitar un conflicto que agravaría la crisis humanitaria venezolana, ya golpeada por una economía contraída un 70% y migración masiva.

Organizaciones sociales peruanas han convocado marchas en Lima para repudiar la intervención estadounidense, exigiendo soluciones regionales sí realmente se trata de la lucha contra el narcotráfico sin recurrir a la fuerza. La ausencia de un pronunciamiento del gobierno peruano contrasta con las condenas enérgicas de países como Honduras, Cuba, México y Colombia, que han calificado el despliegue como una «amenaza de intervención» extranjera que debe ser rechazada por todo latinoamericano.

Lima, 13 de noviembre de 2025 – Miles de maestros del SUTEP protagonizaron un combativo paro nacional de 24 horas, exigiendo al Congreso y al Gobierno el cumplimiento de promesas incumplidas: pensiones dignas para jubilados, aumento salarial de S/200 y el 6% del PBI para educación. En la capital, la marcha hacia el Palacio Legislativo fue reprimida por la Policía Nacional, que usó gases lacrimógenos y fuerza física para bloquear el avance. Pese a la violencia, los docentes lograron llegar al carril frontal del Congreso, alzando su voz contra un Estado que, según denuncian, abandona al magisterio.

El dirigente de jubilados, Soto, denunció haber sido pateado por efectivos policiales, un acto que indignó a los manifestantes y se viralizó en redes sociales. “No nos callarán; luchamos por derechos, no por migajas”, declaró Lucio Castro, secretario general del SUTEP, quien criticó al Ejecutivo por observar la Ley 3864, que beneficiaría a 162.000 cesantes y jubilados. La intervención policial, calificada como desproporcionada, no detuvo la protesta, que también exigió el pago del bono excepcional de S/487 y la derogatoria de la Ley 32242, vista como una amenaza al empleo docente.

Este paro, respaldado por más de 6.000 maestros en Lima y miles en regiones, expone la crisis del sector educativo, relegado por un Gobierno que prioriza ajustes fiscales sobre la deuda social. El SUTEP advierte que, sin respuestas concretas, escalará sus medidas de lucha. Mientras el Congreso posterga el debate y el Minedu declara la huelga “improcedente”, la ciudadanía se pregunta: ¿hasta cuándo la educación seguirá siendo la última rueda del coche?

El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra la exmandataria Dina Boluarte y los congresistas que votaron a favor de su vacancia el 7 de diciembre de 2022. En el documento, Castillo sostiene que la destitución fue irregular porque se aprobó con 101 votos y no con los 104 que exige el reglamento del Congreso para la causal de incapacidad moral permanente. También afirma que no se garantizó su derecho al debido proceso durante la sesión parlamentaria.

La denuncia incluye presuntos delitos de abuso de autoridad y aceptación ilegal de cargo. Castillo alega que Boluarte asumió la Presidencia sobre la base de un procedimiento que considera inválido y que los legisladores actuaron sin cumplir los requisitos constitucionales. Su defensa insiste en que la vacancia se ejecutó sin permitirle contar con abogado ni ejercer plenamente su defensa.

La vacancia de 2022 ocurrió horas después de que Castillo anunciara la disolución del Congreso y la instalación de un “gobierno de excepción”, acto considerado por diversas bancadas como un intento de quiebre del orden constitucional. Las principales fuerzas parlamentarias como Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Podemos, Somos Perú, Acción Popular, Alianza para el Progreso y otros, respaldaron la destitución, mientras que tan solamente 6 congresistas de izquierda la calificaron como una decisión política impulsada por la confrontación con el Ejecutivo y votaron en contra entre los que resaltan Margot Palacios de Ayacucho y Jaime Quito de Arequipa.

La nueva denuncia reabre el debate sobre la legalidad del proceso que llevó al relevo presidencial y vuelve a colocar en agenda la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. La congresista Margot Palacios señaló que Castillo ejerce un derecho constitucional y sostuvo que el Ministerio Público debe actuar sin presiones políticas. El caso podría generar nuevas tensiones en un escenario marcado por la polarización y por la proximidad de las elecciones generales de 2026.