Comunidades campesinas anuncian movilización y paro nacional para exigir la derogatoria de la Ley 32293 de expropiación de tierras comunales

Miles de comuneros, reunidos en asambleas y reuniones provinciales y regionales a lo largo del Perú, han decidido pasar a la ofensiva contra la Ley 32293, aprobada por el Congreso en abril pasado de este año. Sostienen que la norma vulnera sus derechos históricos sobre la tierra comunal y pone en riesgo a más de 6 600 comunidades legalmente reconocidas.

Atendiendo el pedido de sus dirigentes, la congresista Margot Palacios —de origen campesino y representante del departamento sureño de Ayacucho— presentó el 6 de junio el Proyecto de Ley 11394, que plantea la derogatoria total de la controvertida disposición.

El reclamo no surgió de forma espontánea, sino que fue construido desde las bases. En Cusco, Puno, Piura, Junín, Áncash, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y otros departamentos, las comunidades convocaron asambleas para analizar el impacto de la ley. Según se supo, en el encuentro campesinos de Sicuani (Cusco), los líderes Wilberth Mescco Masa, Walter Torres y Antonio Maquera fueron comisionados para entregar un pronunciamiento al Congreso. El documento es contundente: “Esta ley es una amenaza directa a nuestra forma de vida comunal; exigimos su derogatoria inmediata”.

La Ley 32293 amplía hasta 2015 el plazo para formalizar ocupaciones individuales dentro de predios comunales, eliminando el límite que había vencido en 2003. Según las comunidades, esta ampliación abre la puerta al fraccionamiento de la propiedad colectiva, fomenta el tráfico de terrenos y contradice el principio de imprescriptibilidad establecido en el artículo 89 de la Constitución.

“La tierra comunal no se vende ni se formaliza; se defiende colectivamente”, advirtió José Carlos Gutiérrez, dirigente aimara de Puno. En Junín, el alcalde de Huay Huay, Ángel Aylas Jara, alertó que la ley “incentiva conflictos sociales y beneficia a invasores con fines comerciales”. En varias provincias se preparan encuentros comunales para coordinar un paro agrario si el Congreso no deroga la norma antes del Día del Campesino, el 24 de junio.
El Proyecto de Ley 11394 no nació en el Congreso, sino en las propias bases comunales. Elaborado con el apoyo de asesores legales de las comunidades, propone anular la Ley 32293, suspender cualquier proceso de formalización individual sobre tierras comunales y garantizar que toda decisión futura sobre esos territorios sea aprobada en asamblea y sometida a consulta obligatoria.

Universidades, centros de investigación y entidades como las ONGs CEPES, Red Muqui y Aidesep han brindado respaldo técnico a la posición de las comunidades. Sin embargo, la vocería legítima recae en los propios comuneros y sus federaciones agrarias, entre ellas la FARTAC, Consejo de Autoridades Originarias de la Región de Puno, y la Federación Departamental de Campesinos de Cusco, Apurímac, Puno y Huancavelic, que ya coordinan acciones de protesta en el mes de la Pachamama.

“El Congreso no puede legislar contra el pueblo que vive y trabaja la tierra desde hace generaciones. Esta ley no puede seguir vigente”, sentenció Walter Torres en representación de las comunidades del sur. Si el Parlamento no da trámite urgente a la derogatoria, las organizaciones anuncian un ciclo de movilizaciones que partirá desde cada territorio rural.