Comunidades del Nanay se levantan contra concesiones mineras y exigen al Estado proteger sus fuentes de agua

Loreto, 4 de julio 2026.- Las comunidades indígenas, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas de la cuenca del río Nanay protagonizaron una jornada de protesta para rechazar las concesiones mineras otorgadas en esta importante fuente hídrica de la región Loreto. Bajo el lema «El agua no se negocia», los manifestantes exigieron al Gobierno Central la inmediata revisión de los derechos mineros que, según denuncian, ponen en riesgo el abastecimiento de agua potable para miles de habitantes de Iquitos y la conservación de uno de los ecosistemas más importantes de la Amazonía peruana.

Los dirigentes sostienen que la expansión de actividades extractivas en la cuenca del Nanay amenaza la biodiversidad, los territorios ancestrales y la seguridad hídrica de la población. Durante la movilización, cuestionaron que el Estado continúe promoviendo concesiones en zonas consideradas estratégicas para la protección ambiental, mientras las comunidades aseguran no haber sido consultadas adecuadamente sobre las decisiones que afectan sus territorios.

La protesta también adquirió un marcado contenido político. Los representantes comunales demandaron la intervención del Congreso de la República, del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas para revisar el marco legal que permite el otorgamiento de concesiones en áreas de alta sensibilidad ecológica. Asimismo, advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, impulsarán nuevas movilizaciones regionales y nacionales para defender el derecho al agua y exigir una política de desarrollo que priorice la protección de la Amazonía.

Especialistas en temas ambientales recuerdan que la cuenca del Nanay cumple un papel fundamental en el abastecimiento de agua para la ciudad de Iquitos y alberga una extraordinaria diversidad biológica. En ese contexto, diversos sectores consideran que cualquier proyecto extractivo debe evaluarse bajo estrictos criterios ambientales y sociales, garantizando la participación efectiva de las poblaciones locales y el respeto de los principios de sostenibilidad.

Mientras las comunidades mantienen firme su consigna de que «El agua no se negocia», el conflicto vuelve a colocar sobre la agenda nacional el debate sobre el equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales y la protección de las fuentes de agua. La controversia refleja uno de los principales desafíos políticos del país: conciliar las inversiones con la defensa del ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y la seguridad hídrica de las futuras generaciones.