Roberto Sánchez mantiene impugnaciones y movilizaciones por la transparencia electoral en Perú

Lima, 28 de junio de 2026.- A pocos días de la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial, el candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, mantiene una ofensiva política, jurídica y ciudadana en demanda de mayor transparencia electoral. Aunque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra el 99,989 % de las actas contabilizadas y otorga a Keiko Fujimori una ventaja de 49.244 votos, Sánchez sostiene que aún existen aspectos del proceso que deben ser esclarecidos antes de reconocer el resultado definitivo.

Como parte de esa estrategia, miles de simpatizantes participaron en la «Movilización Nacional Pacífica en Defensa del Voto Ciudadano y Popular», que recorrió el centro de Lima desde el local de campaña de JP, en Paseo Colón, hasta la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La marcha se realizó pese a que el Ministerio del Interior negó las garantías solicitadas para la movilización. Entre los asistentes estuvieron el exfiscal José Domingo Pérez, los senadores electos Jaime Quito y Víctor Cutipa, además del abogado del partido Roy Mendoza, quienes respaldaron el pedido de revisión del proceso electoral.

En el ámbito legal, Juntos por el Perú presentó una solicitud para anular la votación de 119 oficinas consulares en el extranjero, argumentando que la modificación del mecanismo de traslado de actas mediante valijas diplomáticas habría afectado la cadena de custodia del material electoral. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 declaró improcedente el recurso por haber sido presentado fuera del plazo legal y sin cumplir con el pago de la tasa correspondiente. Asimismo, el Pleno del JNE rechazó apelaciones relacionadas con 1.751 mesas de sufragio en Lima y 647 en Estados Unidos, al concluir que no existían elementos probatorios suficientes para acreditar las presuntas irregularidades denunciadas.

La Cancillería respondió que todo el material electoral procedente del exterior llegó a la ONPE en condiciones adecuadas y bajo los protocolos establecidos. Añadió que organismos como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y observadores del proceso no reportaron incidencias durante el traslado de las actas. Paralelamente, JP presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por presunto fraude electoral y obstrucción del proceso, expediente que actualmente se encuentra en evaluación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Además de las acciones legales, Roberto Sánchez reiteró que promoverá la conformación de una Comisión de la Verdad para investigar las muertes ocurridas durante las protestas sociales registradas en el sur del país en los últimos años. El candidato también ha manifestado que esperará el pronunciamiento definitivo de los organismos electorales respecto de los recursos planteados antes de definir su posición política frente al próximo gobierno. Sus declaraciones han generado reacciones tanto de respaldo entre sus seguidores como de rechazo por parte de dirigentes de Fuerza Popular y otras organizaciones políticas, que consideran concluido el proceso electoral.

Mientras continúa la controversia, el calendario electoral avanza. El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que la proclamación nacional de resultados se realizará en los primeros días de julio y que el 15 de julio se entregarán las credenciales a la presidenta electa, así como a los 60 senadores y 130 diputados del nuevo Congreso bicameral. De acuerdo con los resultados oficiales, Fuerza Popular será la primera fuerza parlamentaria con 22 senadores y 41 diputados, mientras que Juntos por el Perú ocupará el segundo lugar con 14 senadores y 32 diputados, consolidándose como la principal bancada de oposición.

Con el escrutinio prácticamente concluido, el escenario político peruano entra en una nueva etapa marcada por la coexistencia de dos realidades: por un lado, una ventaja electoral que las autoridades consideran irreversible a favor de Keiko Fujimori; y por otro, la decisión de Roberto Sánchez de mantener las impugnaciones, las movilizaciones ciudadanas y las acciones legales en defensa de lo que denomina la transparencia del proceso electoral. El desenlace formal dependerá de la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, mientras el país se prepara para el inicio de un nuevo gobierno y la instalación del Congreso bicameral el próximo 28 de julio.