Facultades legislativas en la Cámara de Diputados: siete comisiones cuestionan pedido del gobierno de Keiko Fujimori

Lima, 15 de septiembre de 2026.- El pedido de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori llega a una etapa decisiva en la Cámara de Diputados, después de que siete comisiones se pronunciaran contra la delegación solicitada por el Ejecutivo. La propuesta, que busca otorgar facultades para legislar durante 120 días en 66 materias, será materia de definición parlamentaria en los próximos días, en un escenario marcado por posiciones divergentes dentro de los grupos de trabajo.

Según el pronunciamiento desfavorable de la mayoría de las comisiones, la delegación de facultades debería desaprobarse en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, pero podría cambiar, por eso la ciudadanía sigue de cerca la actuación de cada uno de los parlamentarios de la oposición (OBRAs, Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú), que buscan no repetir lo ocurrido con el voto de la senadora Silvana Robles en la elección de la Mesa Directiva.

Siete comisiones rechazaron la delegación

Las comisiones de Energía y Minas, Justicia y Derechos Humanos, Infraestructura, Vivienda y Transportes, Producción, Trabajo y Seguridad Social, Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital, y Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos declararon no viable el otorgamiento de facultades al Ejecutivo. El último pronunciamiento correspondió a Defensa del Consumidor, que se sumó este martes al bloque de informes desfavorables.

El rechazo no se limita a una sola materia. En Justicia, por ejemplo, el informe contrario alcanzó los ámbitos de seguridad, justicia y orden interno y fue aprobado con 11 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención. Días antes, Energía y Minas, Ciencia y Tecnología, Producción, Infraestructura y Trabajo también habían recomendado no delegar facultades al Ejecutivo en sus respectivas áreas.

Seguridad y economía concentran las diferencias

El Gobierno sostiene que la delegación permitiría acelerar medidas frente a la criminalidad y atender otros problemas considerados prioritarios. El primer ministro Luis Galarreta acudió a la Comisión de Constitución acompañado de ministros para explicar el contenido del pedido y defender la necesidad de contar con estas herramientas legislativas.

La principal controversia está en el alcance de las facultades solicitadas. Mientras algunas bancadas plantean limitar la delegación a materias específicas, como seguridad ciudadana y gestión de riesgos ante el fenómeno El Niño, otras cuestionan que el Ejecutivo solicite un paquete amplio de competencias. Tres bancadas —Obras, Ahora Nación y Juntos por el Perú— incluso solicitaron al Ejecutivo presentar un nuevo proyecto concentrado en esas dos áreas.

En contraste, las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno y Medio Ambiente y Sostenibilidad emitieron opiniones favorables al otorgamiento de facultades. La Comisión de Desarrollo Agrario también aprobó un informe favorable sobre las materias de su competencia, con 11 votos a favor y ocho en contra. El resultado evidencia que el Congreso no mantiene una posición uniforme frente al paquete presentado por el Ejecutivo.

La decisión pasa a la Cámara de Diputados

La Comisión de Constitución, presidida por Giannina Avendaño, es la encargada de integrar las posiciones de las comisiones y elaborar el dictamen correspondiente. La discusión ha quedado condicionada por los informes sectoriales y por las diferencias entre las bancadas sobre qué materias deberían ser delegadas y cuáles deberían quedar fuera.

El escenario que llega a la Cámara de Diputados es, por tanto, el de una delegación parcialmente respaldada y ampliamente cuestionada en las comisiones. El pedido original comprende 66 materias y un plazo de 120 días, pero los informes parlamentarios han planteado restricciones y rechazos en sectores estratégicos. La jornada legislativa prevista para este miércoles 16 de septiembre será clave para establecer hasta dónde avanzará la propuesta del Ejecutivo.

La disputa no solo definirá si el Gobierno obtiene facultades, sino también qué materias podrían quedar finalmente habilitadas y con qué límites. Cualquier autorización deberá continuar luego el procedimiento correspondiente en la Cámara de Senadores, por lo que el texto que eventualmente aprueben los diputados no necesariamente será el resultado definitivo del proceso.