Según revelaciones de un testigo protegido, Dina Boluarte, actual presidenta, habría recibido información privilegiada sobre las preguntas que le realizaría Patricia Benavides en medio de la investigación por las muertes en protestas.…
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Congreso archiva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes en protestas
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el 11 de septiembre de 2025, con 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, el informe final que propone archivar la Denuncia Constitucional 509 presentada contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra.
La denuncia, formulada por el ex Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, acusaba a Boluarte y a seis exministros – Pedro Miguel Angulo Arana; Luis Alberto Otárola Peñaranda; César Augusto Cervantes Cárdenas; Jorge Luis Chávez Cresta; Víctor Eduardo Rojas Herrera; y Vicente Romero Fernández- de supuestos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, bajo la figura de omisión impropia con dolo eventual.
El informe detalla que estos hechos ocurrieron durante protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023, con un saldo oficial -según el contenido de la denuncia- de 49 personas fallecidas y 250 heridas. El documento fue sustentado por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En su exposición, sostuvo que no existen “elementos probatorios irrefutables” que permitan acreditar que los denunciados emplearon la estructura estatal con la intención de causar muertes o lesiones, ni un vínculo causal claro entre sus decisiones y los resultados dañosos.
Entre los críticos del informe, la congresista Margot Palacios manifestó que este habría sido elaborado de manera apresurada, con el propósito de impedir que el Ministerio Público profundice la investigación y sancione a Dina Boluarte y sus ministros de Estado. Otros legisladores también cuestionaron que la decisión del Congreso retrase cualquier posibilidad de judicialización hasta después del término del mandato presidencial actual.
Con esta votación, el Congreso archiva formalmente el camino parlamentario para acusar constitucionalmente a Boluarte por estos hechos, aunque el Ministerio Público puede continuar con sus investigaciones enviando eventualmente cargos si encuentra mérito.