Díaz-Canel rechaza acusación de EE.UU. contra Raúl Castro

El presidente cubano calificó de maniobra política la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el exjefe de Estado, vinculada al derribo de avionetas en 1996.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel salió al paso este martes mediante sus redes sociales para rechazar la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, exjefe de Estado y actual primer secretario del Partido Comunista de Cuba. El mandatario calificó el cargo —vinculado al derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en febrero de 1996— de «pretendida acusación» carente de sustento jurídico, y la describió como una maniobra política orientada a fabricar un pretexto para una eventual acción militar contra la isla.

El episodio al que alude la acusación ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando la Fuerza Aérea Revolucionaria cubana derribó dos aeronaves Cessna sobre el estrecho de La Florida, matando a cuatro miembros de Hermanos al Rescate: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Pablo Morales y Mario de la Peña. Washington sostuvo en su momento que los aviones se encontraban en espacio aéreo internacional, mientras La Habana insistió en que las aeronaves habían violado su zona jurisdiccional en al menos tres ocasiones previas ese mismo día y que las autoridades estadounidenses habían sido advertidas de las consecuencias sin que mediara respuesta. Una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), publicada en 1996, concluyó que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional, extremo que Cuba rechazó formalmente.

Díaz-Canel reiteró la posición histórica del gobierno cubano: que la acción militar de 1996 constituyó un acto de legítima defensa ante intrusiones reiteradas de «elementos terroristas» en su espacio aéreo soberano, agravadas por la pasividad de la administración Clinton pese a las notificaciones diplomáticas previas. Omitió mencionar, sin embargo, que el incidente derivó en la aprobación por el Congreso estadounidense de la Ley Helms-Burton, que codificó y endureció el embargo económico vigente desde 1962 y cuya Sección III permanece parcialmente activada desde 2019.

La acusación, cuya autoría formal corresponde al Departamento de Justicia bajo la administración Trump, se produce en un contexto de marcada tensión bilateral: Cuba figura nuevamente en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo desde 2021, y el bloqueo económico —cuyo impacto el gobierno cubano estimó en más de 15.000 millones de dólares en daños durante el último año contable— sigue siendo el principal punto de fricción entre ambos países ante instancias internacionales, incluida la Asamblea General de la ONU, que votó por trigésima segunda vez consecutiva en 2023 a favor de su levantamiento.

Ante la acusación, Díaz-Canel apeló a la trayectoria política y personal de Raúl Castro —quien gobernó Cuba entre 2008 y 2018 tras suceder a su hermano Fidel— como «escudo moral» frente a lo que calificó de intento de menoscabar su figura histórica. El gobierno cubano no ha indicado si presentará alguna respuesta formal ante organismos internacionales, ni si convocará al encargado de negocios estadounidense en La Habana —rango diplomático vigente desde la ruptura de relaciones consulares en 2017— para protestar por la acción judicial.