Bolivia en crisis: protestas masivas cercan el gobierno de Rodrigo Paz y exigen su renuncia

Tres semanas de bloqueos, cuatro muertos y desabastecimiento en La Paz marcan la peor crisis política de Bolivia en cuatro décadas. El presidente descartó dimitir, pero anunció cambios de gabinete bajo una presión social que no cede.

La Paz, 20 de mayo de 2026.- Bolivia cumple tres semanas de movilizaciones sostenidas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, con bloqueos de carreteras, enfrentamientos callejeros y una marcha multitudinaria que llegó este lunes a La Paz desde el altiplano. La coalición opositora —campesinos indígenas, mineros, maestros y sindicatos— mantiene como demanda única e innegociable la renuncia del mandatario, quien asumió en noviembre de 2025 tras 20 años de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El detonante inmediato fue la eliminación del subsidio a los combustibles en diciembre pasado, medida que disparó una inflación interanual del 14% a abril, la más alta desde los años 80. Pero los reclamos se fueron acumulando: aumento salarial insuficiente, escasez de divisas y una reforma agraria rechazada en el campo. El 6 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) y varios sindicatos firmaron un pacto formal para exigir la dimisión de Paz, transformando protestas sectoriales en una crisis política abierta.

El movimiento que presiona al gobierno es plural y heterogéneo. Lo integran la COB —el mayor sindicato nacional—, la Federación de Campesinos Túpac Katari, los Ponchos Rojos (milicia campesina aymara del altiplano) y organizaciones afines al expresidente Evo Morales, quien articuló una marcha desde Caracollo hasta la capital. El gobierno señala a Morales como el cerebro político detrás de la movilización —algo que él niega— en un momento en que el exmandatario enfrenta una segunda orden de captura por un proceso de trata de personas.

El punto más álgido ocurrió el lunes 18 de mayo, cuando miles de manifestantes intentaron tomar la Plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno. La policía antidisturbios respondió con gases lacrimógenos durante horas, se registraron saqueos a edificios públicos y un vehículo policial fue incendiado. Los enfrentamientos dejaron al menos cuatro muertos en el conjunto de las protestas y decenas de heridos. El Palacio resistió blindado por cordones militares y policiales, pero la imagen de la sede del poder asediada marcó un punto de no retorno en la crisis.

Este miércoles 20 de mayo, Paz reapareció públicamente tras casi una semana de silencio para descartar su renuncia —»estaré cinco años para reordenar el país», declaró— y anunciar una remodelación del gabinete con inclusión de representantes sociales y la creación de un Consejo Económico y Social. La oposición en las calles rechazó el ofrecimiento: los líderes de la protesta calificaron los anuncios de insuficientes y ratificaron su exigencia de dimisión. Su propio vicepresidente, Edmand Lara, se declaró abiertamente opositor al gobierno y llamó a continuar las movilizaciones.

La crisis tiene lecturas encontradas en la región. Washington, a través del secretario Marco Rubio, respaldó a Paz y calificó las protestas de intento desestabilizador. El presidente colombiano Gustavo Petro las llamó «insurrección popular», lo que derivó en la expulsión de la embajadora colombiana de La Paz. Dentro del país, el Comité Pro Santa Cruz —bastión del oriente boliviano— denunció lo que consideró un «golpe en marcha» contra el gobierno electo. La fractura es profunda: parte del movimiento que llevó a Paz al poder siente que traicionó sus expectativas de un gobierno moderado de transición.

A mediano plazo, el escenario más probable es el de un gobierno que sobrevive políticamente pero pierde capacidad de gobernar. La falta de mayoría legislativa, la fragmentación de su base social y una economía sin reservas de divisas reducen los márgenes de maniobra del ejecutivo. El movimiento opositor, por su parte, también enfrenta su propia prueba: sostener la presión callejera sin los sectores que ya negociaron salida con el gobierno —mineros cooperativistas de Potosí y parte del magisterio— y sin que la figura de Morales, con causas judiciales pendientes, se convierta en un lastre para la legitimidad de las protestas.