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Dos años de impunidad tras la masacre del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho

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Este 15 de diciembre se conmemoran dos años de la trágica masacre en Ayacucho, donde diez personas, incluyendo un adolescente de 15 años, fueron asesinadas por la represión militar en medio de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. A pesar de que un teniente coronel del Ejército ha sido identificado como el presunto responsable de la muerte de dos de las víctimas, la justicia sigue siendo esquiva para los deudos.

La masacre, ocurrida en los alrededores del aeropuerto de la ciudad, dejó a los familiares en un estado de desamparo y frustración. Según testimonios, Christopher Ramos Aime y José Luis Aguilar Yucra, ambos sin conexión directa con las manifestaciones, murieron por disparos de militares que respondieron con violencia a una protesta social. La madre de Christopher, Hilaria Aime, recordó que su hijo solo había salido a trabajar al cementerio. En el caso de José Luis, su madre, Edith Aguilar, relató que su hijo, sensible a la balacera, intentó refugiarse y recibió un disparo mortal. Estos relatos desgarradores evidencian no solo la pérdida de vidas inocentes, sino la asombrosa falta de rendición de cuentas por parte del Estado.

La masacre, ocurrida en los alrededores del aeropuerto de la ciudad, dejó a los familiares en un estado de desamparo y frustración

En octubre de 2023, el Ministerio Público identificó al teniente coronel Jimmy Alex Vengoa Bellota como el posible ejecutor de los homicidios. Sin embargo, a dos años de la tragedia, la investigación no ha avanzado significativamente. Aunque se han relacionado a cerca de veinte militares con el caso, solo uno ha sido destacado como presunto autor directo y este no ha comparecido ante la justicia. La abogada de los familiares, Yuri Martínez, indicó que el proceso ha sido calificado como complejo y se ha extendido el plazo de investigación hasta febrero de 2025, dejando a las víctimas en un limbo legal que parece no tener fin.

La Asociación de Familiares de Heridos y Fallecidos del 15 de diciembre (Asfah) recuerda a los caídos a través de una serie de actos conmemorativos que comenzaron el 10 de diciembre, buscando no solo honrar la memoria de los fallecidos, sino también exigir justicia. Sin embargo, las familias expresan su impotencia al señalar que “no tenemos nada que celebrar”. La situación es particularmente dolorosa considerando que han pasado dos años y aun se enfrenta un “apagón informativo” sobre lo ocurrido, tanto por parte del gobierno como de medios de comunicación.

La Asociación de Familiares de Heridos y Fallecidos del 15 de diciembre (Asfah)

Mientras tanto, la presencia de militares involucrados en la masacre, así como la falta de avances claros en la justicia, ha despertado manifestaciones en el sur del país, redoblando los llamados a renunciar a la actual administración y demandando un cambio estructural en el sistema político. Este sentido de urgencia se hace más palpable en Ayacucho, donde la memoria de los diez asesinados sigue viva entre quienes claman por un cambio y una justicia real.

Los actos de este 15 de diciembre incluyen una misa y una romería hacia los lugares de los asesinatos, donde se develará una placa conmemorativa. Sin embargo, la lucha por la justicia por las víctimas de la masacre de Ayacucho aún está lejos de concluir, y su recuerdo permanecerá como símbolo de la resistencia a la impunidad.

Congresista ayacuchana en el evento organizado exige justicia para las víctimas de Ayacucho y de otros departamentos

Por su parte, la congresista ayacuchana Margot Palacios organizó el foro denominado “Actualidad de los derechos humanos en el Perú: a dos años de la masacre en Ayacucho”, en un contexto en el que se recuerda con dolor y firmeza la trágica pérdida de 10 compatriotas ayacuchanos, quienes fueron asesinados por las fuerzas militares bajo el régimen de Dina Boluarte. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de apenas 15 años, cuyas vidas fueron arrebatadas el 15 de diciembre de 2022. El evento se convirtió en un espacio crucial de reflexión, exigencia de justicia y reparación para las víctimas de esta masacre, y un recordatorio de la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos en todos los rincones de nuestro país, sin distinción ni impunidad.

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