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Familiares de víctimas de las protestas 2022-2023 exigen justicia y llaman a no votar por partidos en las elecciones 2026

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Lima, 28 de enero de 2026.- Familiares de las más de 50 personas fallecidas durante la represión de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte (diciembre 2022 – enero 2023) culminaron hoy la Marcha de Sacrificio Uyariy (“escuchar” en quechua) en el centro de Lima, exigiendo verdad, reparación integral y fin a la impunidad. La movilización, organizada por la Organización Nacional de Familiares Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022-2023 (ONAFAMYVM), reunió delegaciones de regiones como Puno (Juliaca, con 18-20 víctimas el 9 de enero de 2023), Ayacucho (muertes el 15 de diciembre de 2022), Apurímac (Andahuaylas), Cusco, Junín (Pichanaki) y Piura (Huancabamba). Los participantes, incluyendo viudas, huérfanos y heridos, marcharon más de 140 km por la Panamericana Sur desde San Vicente de Cañete hasta ingresar por el Puente Atocongo y avanzar hacia el Congreso de la República y el Palacio de Justicia.

Durante el trayecto, los deudos denunciaron hostigamiento sistemático por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), con seguimiento permanente de patrullas de Carreteras y Tránsito, controles repetitivos de identidad (al menos cinco en un tramo), detenciones temporales (dos en Chilca) y provocaciones que revictimizaron a las familias. Se pudo comprobar in situ en el distrito de Asia (km 129), estas acciones de reglaje y criminalización de la protesta pacífica. La PNP justificó su presencia como “resguardo preventivo”, pero organizaciones de derechos humanos respaldaron las denuncias de vulneración al derecho de manifestación.

Las muertes se produjeron durante el régimen de Dina Boluarte, sostenido por la cualición fujimorista liderado por Fuerza Popular de Keiko Fujimori

Entre los voceros destacados figuraron Milagros Samillán (hermana de víctima de Puno y canalizadora de donaciones), Yobana Mendoza (presidenta de ASFAH Ayacucho) y representantes de colectivos juveniles como Generación Z (Bryan Melgar y Yakov Solano), quienes enfatizaron la memoria colectiva y el rechazo a la impunidad. Las demandas centrales incluyeron la reactivación inmediata del Equipo Especial de Fiscales (EFICAVIP), desactivado recientemente por el Ministerio Público, sanciones a responsables materiales y políticos, y garantías de no repetición.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía de cara a las elecciones generales de 2026, los familiares señalaron textualmente a partidos que, según sus denuncias, protegen o ignoran estos casos mediante blindajes legislativos o silencio ante las violaciones a los derechos humanos durante el régimen Boluarte. En plantones y pancartas, se ha señalado explícitamente a Acción Popular, Avanza País, Perú Libre, Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, acusándolos de ser “cómplices” o promotores de impunidad. Llamaron a no votar por estas organizaciones políticas que buscan perpetuar la impunidad y evaden la responsabilidad histórica. Pero también hicieron un llamado a no votar por los nuevos partidos como Ahora Nación, Libertad Popular, APRA, SiCreo, Fuerza y Libertad, Primero La Gente, entre otros.

La marcha concluyó con concentraciones simbólicas en el centro histórico, reafirmando que “sin justicia no habrá paz” y convocando a la unidad nacional contra la corrupción y el olvido institucional a tres años de los hechos.

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