Congreso aprueba ley para despedir a trabajadores CAS indeterminados con respaldo y silencio cómplice de sindicatos estatales

Lima, 15 de junio de 2025. El Congreso de la República, con el apoyo de bancadas como Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos, Somos Perú y Acción Popular, aprobó en la Comisión Permanente el Proyecto de Ley N.º 11058, impulsado por la congresista Lady Camones. Esta iniciativa, que modifica el artículo 5 de la Ley 1057, transforma los contratos CAS de duración indeterminada en contratos a plazo fijo de un año, renovables hasta por cinco años, sujetos a la disponibilidad presupuestal de cada entidad estatal.

Lejos de fortalecer los derechos laborales, la norma establece que los trabajadores CAS podrán acceder a Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones de navidad y 28 de julio solo por un año, con renovaciones anuales condicionadas a los recursos disponibles. Esto, según especialistas como el abogado laboralista César Puntriano, constituye una “pseudoformalización” que entrega beneficios parciales a cambio de eliminar la estabilidad laboral, un derecho ya conquistado para quienes tenían contratos indeterminados. “Es un cambio que facilita el despido arbitrario y otorga mayor discrecionalidad al empleador”, advirtió Puntriano.

A pesar de estas críticas, gremios como el Frente Nacional de Trabajadores CAS han respaldado la propuesta, celebrando la incorporación de beneficios sociales sin cuestionar la pérdida de estabilidad ni la legitimación de contratos temporales. Esta postura ha generado rechazo entre sectores sindicales de base, que acusan a las dirigencias de “irresponsabilidad política” y de alinearse con los intereses de SERVIR, entidad criticada por su ineficiencia y por funcionar como un instrumento de control burocrático al servicio del poder político.

La norma, que consolida un modelo de despido progresivo disfrazado de “modernización” del empleo público, aleja la posibilidad de eliminar el régimen CAS o lograr el nombramiento automático, demandas históricas del sector. Aunque el Ejecutivo aún puede observar la ley si se aprueba en el Pleno, la falta de presión sindical y popular podría condenar a miles de trabajadores a la incertidumbre de contratos temporales, que podrán ser despedidos sin justificación alguna en un plazo máximo de cinco años.