Fuerza Popular y aliados del Congreso limitaron la clausura de centros comerciales en riesgo poniendo en peligro a los peruanos

En octubre de 2023, el Congreso peruano aprobó la Ley N° 31914, una normativa que meses después revelaría su impacto negativo en la seguridad pública. Impulsada por Fuerza Popular y respaldada por una coalición multipartidaria que incluyó a Perú Libre, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País, esta ley restringió severamente la capacidad de los gobiernos locales para clausurar centros comerciales, incluso ante riesgos evidentes.

La tragedia del Real Plaza Trujillo, ocurrida el 21 de febrero de 2025, dejó al descubierto las consecuencias de priorizar intereses comerciales sobre la seguridad ciudadana. Ocho personas fallecieron y más de 70 resultaron heridas tras el colapso de una estructura en el centro comercial. Este desastre pudo haberse evitado si no fuera por la legislación que ató las manos de las autoridades locales. En diciembre de 2023, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, había intentado clausurar el establecimiento tras detectar riesgos estructurales, pero la nueva ley lo impidió.

La Ley N° 31914, promovida inicialmente por Fuerza Popular, estableció que las municipalidades debían levantar cualquier clausura en un plazo máximo de 48 horas si el centro comercial presentaba documentación, independientemente de la gravedad de las deficiencias detectadas. Esta disposición prácticamente anuló la capacidad de supervisión de los gobiernos locales, dejando en evidencia un marco legal que privilegió los intereses económicos sobre la vida de las personas.

El congresista Alejandro Cavero, uno de los principales defensores de la ley, argumentó en su momento que esta buscaba proteger la inversión privada de los «alcaldes populistas». Sin embargo, tras la tragedia, intentó distanciarse de las consecuencias de la normativa que él mismo promovió, alegando que su objetivo era proteger a los empresarios de clausuras arbitrarias. No obstante, la realidad demostró que la ley limitó la capacidad de las autoridades para actuar ante riesgos inminentes.

La aprobación de la ley fue el resultado de un intenso lobby liderado por Fuerza Popular. El 10 de mayo de 2023, la bancada fujimorista presentó el proyecto N° 4952, que modificaba la Ley 28976 para regular las clausuras de establecimientos. Tras un debate en el Pleno del Congreso, presidido entonces por Alejandro Soto de Alianza para el Progreso, la iniciativa fue aprobada con 85 votos a favor y solo 19 en contra. Finalmente, el 28 de octubre de 2023, el Gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley N° 31914.

Aunque la normativa establecía que los centros comerciales podían ser clausurados en caso de riesgo inminente para la vida, la salud o la seguridad, también permitía que estos reabrieran en 48 horas si presentaban documentación que «subsanara» las observaciones. Este mecanismo, en la práctica, dejó sin efecto la capacidad de las municipalidades para garantizar la seguridad pública.

La tragedia del Real Plaza Trujillo no solo expuso las fallas estructurales del centro comercial, sino también las consecuencias de una legislación que priorizó intereses económicos sobre la protección de vidas humanas. La sangre de las víctimas mancha no solo el concreto colapsado, sino también las páginas de una ley que debió proteger a los ciudadanos.