El golpe institucional contra la justicia peruana

La suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no es un hecho aislado. Se trata de un episodio dentro de una ofensiva más amplia destinada a subordinar los aparatos de justicia a los intereses del régimen y de la derecha corrupta. La medida, adoptada en apenas dos minutos de sesión y sin las mínimas garantías de imparcialidad ni debido proceso, desnuda la verdadera naturaleza de la JNJ: lejos de ser garante de la legalidad, se ha transformado en un instrumento político al servicio de la captura institucional.

El mensaje es inequívoco: se sanciona y se aparta a quien ose enfrentar a las mafias enquistadas en el poder. La inconstitucionalidad de esta decisión, que invade competencias exclusivas de la Junta de Fiscales Supremos, abre el camino a un copamiento del Ministerio Público. El objetivo es reinstalar a operadores funcionales a la impunidad y neutralizar investigaciones que comprometen a redes de corrupción política y económica.

Si este proceso continúa, el país se encamina hacia una peligrosa reconfiguración autoritaria de la justicia. No se trata solo de controlar la Fiscalía, sino de imponer una lógica más amplia: alinear al Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y los órganos electorales bajo un esquema de subordinación que blinde al régimen frente a cualquier forma de fiscalización. Este copamiento equivale a un golpe institucional silencioso, en el que la independencia de poderes se sacrifica para consolidar un proyecto de control político total.

Las consecuencias serían devastadoras: judicialización selectiva de adversarios, impunidad para las redes de corrupción y un colapso aún mayor de la confianza ciudadana en las instituciones. Bajo el disfraz de la “legalidad”, se avanza hacia un autoritarismo de nuevo cuño que busca desmantelar los contrapesos republicanos.

La lucha contra la corrupción no puede quedar en manos de quienes la manipulan como arma de control político. Si este proceso no se frena, el Perú terminará con un aparato de justicia reducido a una oficina de blindaje para el crimen organizado y el poder político de turno.

En este contexto, resulta imprescindible un pronunciamiento firme y coordinado de las fuerzas democráticas y populares en el Congreso. Más allá de matices o coyunturas, corresponde levantar una posición principista frente a una medida abiertamente inconstitucional, propia de regímenes autoritarios y avalada por el gobierno junto a sus operadores parlamentarios. La defensa de la autonomía del Ministerio Público y de la independencia de poderes debe convertirse en una bandera común, porque lo que está en juego no es solo una coyuntura política, sino la posibilidad misma de construir una democracia real al servicio del pueblo, y no del crimen organizado.