Fernando Cillóniz sentenciado a más de 4 años de prisión: un golpe político para su carrera política

El Poder Judicial ha condenado al exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, a cuatro años y dos meses de prisión suspendida por el delito de peculado doloso. Este fallo representa un duro golpe para su trayectoria política y complica su relación con el Partido Popular Cristiano (PPC), que recientemente lo consideraba como precandidato presidencial para las elecciones generales de 2026.

La sentencia está vinculada a la facilitación de la apropiación indebida de fondos públicos durante su gestión. Cillóniz fue hallado culpable de haber aprobado, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 0327-2017-GORE-ICA/GR, las ausencias injustificadas del exgerente general regional Carlos Ramón Noda entre 2015 y 2018. Noda, quien también recibió la misma pena, se ausentó para asistir a 11 eventos en representación del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, sin justificar dichas salidas ni descontarlas de su remuneración. Como consecuencia, se produjo la malversación de S/12.608,90, monto que ambos deberán reembolsar al Estado en un plazo de 10 días, bajo riesgo de sanciones más severas.

Además, Cillóniz cumplirá un periodo de prueba de dos años, durante el cual deberá acatar estrictas normas de conducta, como no cometer nuevos delitos contra la administración pública ni abandonar su residencia. Esta resolución no solo compromete su futuro político a corto plazo, sino que también deteriora su imagen pública, especialmente tras su reciente vínculo con empresas relacionadas a Odebrecht, una asociación que ya había suscitado controversia.

Impacto político y el futuro de Cillóniz

El PPC, que veía en Cillóniz una figura renovadora para las elecciones de 2026, reaccionó rápidamente tras conocerse su relación laboral con la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) y H2Olmos S.A., firmas vinculadas a Odebrecht. El 28 de febrero, el partido anunció la suspensión de su militancia y la cancelación de su precandidatura presidencial, argumentando que su nexo con la constructora brasileña, implicada en casos de corrupción a nivel internacional, era incompatible con los principios de la organización.

En una entrevista televisiva, Cillóniz intentó defenderse, asegurando que su papel como director independiente en dichas empresas comenzó hace un año y que no tuvo participación en actos corruptos. «Que se vayan los corruptos a la cárcel (…) Barata será el corrupto, esa es mi posición», declaró. No obstante, sus explicaciones no fueron suficientes para revertir la decisión del PPC ni mitigar el impacto de la sentencia en su carrera.

Un escenario político convulsionado

El caso de Cillóniz se suma a un contexto de creciente escrutinio judicial sobre figuras políticas en el Perú. En paralelo, el Poder Judicial aclaró que la absolución de Vladimir Cerrón en el caso ‘Aeródromo Wanka’ no afecta sus otros procesos judiciales en curso. Además, este jueves se llevará a cabo la audiencia de apelación contra la nulidad en el caso Cócteles de Keiko Fujimori.

Estos acontecimientos reflejan la intensidad de la lucha contra la corrupción en el país, un tema clave en la agenda política de cara a las próximas elecciones. Para Cillóniz, la combinación de su condena por peculado y su relación con Odebrecht representa un golpe devastador. Su futuro político, que alguna vez pareció prometedor, ahora enfrenta serios cuestionamientos.