Gobierno prepara reorganización de Petroperú con participación privada en activos clave

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), liderado por Denisse Miralles, alista un Decreto de Urgencia —a evaluarse en Consejo de Ministros entre el 29 y 30 de diciembre de 2025— que habilita a ProInversión para dirigir la reorganización patrimonial de Petroperú. El borrador contempla la escisión de la empresa en bloques de activos, incluyendo la Refinería de Talara (con deudas superiores a US$5.500 millones), para atraer inversión privada mediante concesiones o asociaciones público-privadas, sin venta total de la compañía. La ministra insiste en que el objetivo es hacerla viable y autosostenible, descartando nuevos rescates estatales tras inyecciones por S/17.888 millones (2022-2024) y US$900 millones en garantías solo en 2025.

Técnicamente, la medida incorpora a Petroperú al marco del Decreto Legislativo 674 (usado históricamente para privatizaciones), otorgando a ProInversión facultades vinculantes para decisiones estratégicas, con plazos de ejecución de cinco días para el directorio actual. Analistas destacan que esta escisión podría replicar modelos de los años 90, como la Refinería La Pampilla (hoy de Repsol), al transferir operación de activos no estratégicos a privados para reducir riesgos fiscales, en un contexto de iliquidez crónica y pérdidas acumuladas que superan los US$2.500 millones en el período reciente.

La propuesta genera fuerte rechazo sindical: la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros (Fenpetrol) y otros gremios denuncian una «privatización encubierta», con protestas en San Isidro y Talara, y acusan al MEF de deteriorar la imagen financiera internacional para facilitar el proceso. Expertos advierten que, sin claridad en el cronograma y objetivos operativos, la incertidumbre podría agravar la crisis de solvencia y afectar la seguridad energética nacional.