Pedro Castillo, se asoma al Senado con Juntos por el Perú

Lima, 7 de diciembre de 2025.- Hace exactamente tres años, el 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo Terrones fue brutalmente destituido del poder por una derecha parlamentaria que, en un acto de venganza política, lo acusó injustamente de intento de golpe de Estado. En un mensaje a la Nación, Castillo denunció la interferencia constante del Congreso en su gestión, proponiendo medidas excepcionales para restablecer el Estado de derecho ante el bloqueo sistemático de la oligárquica que rechazaba al líder rural elegido por millones de peruanos. Sin embargo, el pleno congresal, dominado por intereses neoliberales y conservadores, lo vacó con 101 votos a favor, ignorando el clamor popular y las evidencias de un linchamiento institucional. Detenido ese mismo día y recluido en el penal de Barbadillo, Castillo se convirtió en símbolo de la resistencia contra un sistema que pisotea la voluntad democrática.

A pesar de las graves imputaciones de golpe de Estado y rebelión, el Poder Judicial, en una sentencia confirmada este mes, descartó por completo la calificación de golpe de Estado y rebelión al no encontrar pruebas de alzamiento armado o ejecución efectiva de las medidas anunciadas. La Corte Suprema ratificó solo una condena por conspiración, con 11 años de prisión y dos de inhabilitación, pero el fallo enfatiza la ausencia de evidencias concretas que justifiquen la narrativa golpista impulsada por la oposición burguesa y oligárquica. «No hubo golpe de Estado y rebelión ni abuso de autoridad probados», se lee en la resolución del 4 de diciembre, que reduce la pena inicial solicitada por la Fiscalía de 34 años a una sanción menor, reconociendo implícitamente la persecución política. Castillo, desde su celda, ha reiterado que su proclama fue un acto de defensa ante un «golpe permanente» orquestado por la mayoría neoliberal del Congreso y aliados mediáticos, un discurso que resuena hoy en las bases populares que lo ven como mártir de la izquierda.

En un giro que ilustra la resiliencia del pueblo peruano, Pedro Castillo, aún preso, se perfila como el número 1 en la lista al Senado por Juntos por el Perú, liderado por su ex ministro y actual congresista Roberto Sánchez Palomino, para las elecciones de 2026, flanqueado por líderes de la izquierda popular como Margot Palacios, Jaime Quito, Jorge Espelucín e Iver Maraví. A pesar de la inhabilitación temporal, su candidatura simbólica moviliza un caudal electoral masivo, con encuestas que lo proyectan ganando con amplia votación en regiones andinas y amazónicas, donde su figura encarna la lucha contra la corrupción elitista. Sánchez, candidato presidencial de la agrupación, califica esta postulación como «el retorno de la voz del pueblo al poder». Si las urnas confirman su triunfo, Castillo podría presidir la nueva Cámara de Senadores, transformando su injusta reclusión en un mandato popular que desafíe al establishment limeño y reactive el debate por una nueva Constitución. El 7 de diciembre, fecha de traición para unos, se erige como hito de esperanza para el Perú profundo.