Motociclistas marchan contra norma aprobada por el Gobierno que los obliga a usar chalecos con placa

Este jueves 19 de junio, miles de motociclistas se movilizaron en distintas regiones del país en protesta contra el Decreto Supremo 006 2025 MTC, norma que obliga al uso de chalecos retrorreflectantes con el número de placa visible, así como cascos con características técnicas específicas. La medida, que ya rige en Lima y Callao desde mayo y se aplicará a nivel nacional desde el 22 de junio, ha generado el rechazo de gremios como la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope) y la Asociación de Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP).

Las marchas se desarrollaron de forma pacífica en ciudades como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huánuco, Ica, Junín, Tumbes y Piura. En Lima, cientos de motociclistas se concentraron en el Campo de Marte desde las cinco de la tarde y recorrieron diversas avenidas hasta llegar al frontis del Ministerio del Interior. Los manifestantes denunciaron que la norma vulnera su derecho al libre tránsito y al trabajo, y pidieron su inmediata derogación.

Los representantes de los gremios aseguran que el reglamento no contribuye a reducir la delincuencia, como sostiene el Ejecutivo, sino que más bien estigmatiza a quienes se desplazan en motocicleta. Además, cuestionan que se sancione con multas el simple hecho de cubrir la placa con mochilas o morrales, sin tener en cuenta el contexto de los trabajadores de reparto o mensajería.

Una de las principales críticas fue dirigida al Ministerio del Interior, entidad a la que acusan de negarse a dialogar con los representantes del gremio. Según Asmope, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha reconocido que la norma no tiene un sustento técnico real en materia de seguridad vial, pero hasta el momento no se ha concretado una mesa de diálogo para revisar o modificar la disposición.

Los motociclistas anunciaron que, de no obtener una respuesta favorable, continuarán con nuevas movilizaciones a nivel nacional. Asimismo, recordaron que ya se ha presentado una acción popular ante el Poder Judicial para que la norma sea declarada inconstitucional, por considerar que vulnera derechos fundamentales. Exigen al gobierno que escuche sus demandas y adopte soluciones que realmente enfrenten la inseguridad ciudadana, sin criminalizar a todo un sector.