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Agricultura

Fernando Cillóniz sentenciado a más de 4 años de prisión: un golpe político para su carrera política

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El Poder Judicial ha condenado al exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, a cuatro años y dos meses de prisión suspendida por el delito de peculado doloso. Este fallo representa un duro golpe para su trayectoria política y complica su relación con el Partido Popular Cristiano (PPC), que recientemente lo consideraba como precandidato presidencial para las elecciones generales de 2026.

La sentencia está vinculada a la facilitación de la apropiación indebida de fondos públicos durante su gestión. Cillóniz fue hallado culpable de haber aprobado, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 0327-2017-GORE-ICA/GR, las ausencias injustificadas del exgerente general regional Carlos Ramón Noda entre 2015 y 2018. Noda, quien también recibió la misma pena, se ausentó para asistir a 11 eventos en representación del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, sin justificar dichas salidas ni descontarlas de su remuneración. Como consecuencia, se produjo la malversación de S/12.608,90, monto que ambos deberán reembolsar al Estado en un plazo de 10 días, bajo riesgo de sanciones más severas.

Además, Cillóniz cumplirá un periodo de prueba de dos años, durante el cual deberá acatar estrictas normas de conducta, como no cometer nuevos delitos contra la administración pública ni abandonar su residencia. Esta resolución no solo compromete su futuro político a corto plazo, sino que también deteriora su imagen pública, especialmente tras su reciente vínculo con empresas relacionadas a Odebrecht, una asociación que ya había suscitado controversia.

Fernando Cilloniz en el 2018 junto a Keiko Fujimori de Fuerza Popular

Impacto político y el futuro de Cillóniz

El PPC, que veía en Cillóniz una figura renovadora para las elecciones de 2026, reaccionó rápidamente tras conocerse su relación laboral con la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) y H2Olmos S.A., firmas vinculadas a Odebrecht. El 28 de febrero, el partido anunció la suspensión de su militancia y la cancelación de su precandidatura presidencial, argumentando que su nexo con la constructora brasileña, implicada en casos de corrupción a nivel internacional, era incompatible con los principios de la organización.

En una entrevista televisiva, Cillóniz intentó defenderse, asegurando que su papel como director independiente en dichas empresas comenzó hace un año y que no tuvo participación en actos corruptos. «Que se vayan los corruptos a la cárcel (…) Barata será el corrupto, esa es mi posición», declaró. No obstante, sus explicaciones no fueron suficientes para revertir la decisión del PPC ni mitigar el impacto de la sentencia en su carrera.

Un escenario político convulsionado

El caso de Cillóniz se suma a un contexto de creciente escrutinio judicial sobre figuras políticas en el Perú. En paralelo, el Poder Judicial aclaró que la absolución de Vladimir Cerrón en el caso ‘Aeródromo Wanka’ no afecta sus otros procesos judiciales en curso. Además, este jueves se llevará a cabo la audiencia de apelación contra la nulidad en el caso Cócteles de Keiko Fujimori.

Estos acontecimientos reflejan la intensidad de la lucha contra la corrupción en el país, un tema clave en la agenda política de cara a las próximas elecciones. Para Cillóniz, la combinación de su condena por peculado y su relación con Odebrecht representa un golpe devastador. Su futuro político, que alguna vez pareció prometedor, ahora enfrenta serios cuestionamientos.

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Actualidad

Congreso avanza con inhabilitación de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado

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Lima, 7 de noviembre de 2025 – La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó hoy, con 10 votos a favor y 3 en contra, el informe final que recomienda inhabilitar políticamente por 10 años al expresidente Pedro Castillo. La decisión se basa en su participación en el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver ilegalmente el Congreso e instaurar un «gobierno de excepción». El informe, sustentado por la congresista Lady Camones, será ahora evaluado por la Comisión Permanente antes de llegar al Pleno para su ratificación final.

El documento acusa a Castillo de infringir los artículos 38, 39 y 118 de la Constitución Política del Perú, al atentar contra el orden constitucional. Entre las pruebas presentadas se encuentra el mensaje televisado donde anunció la disolución del Parlamento, además de decretos supremos emitidos para legitimar su acción. La SAC, con una votación mayoritaria, determinó que el exmandatario actuó de manera deliberada para quebrar el Estado de derecho, un hecho que desencadenó su vacancia y posterior detención. Actualmente, Castillo cumple prisión preventiva mientras enfrenta procesos penales.

La decisión ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores políticos celebran el avance como un paso hacia la justicia, seguidores del expresidente cuestionan la celeridad del proceso. De concretarse la inhabilitación en el Pleno, Castillo no podrá ejercer cargos públicos ni postular a elecciones hasta 2035. El expediente también será remitido al Ministerio Público para reforzar las investigaciones penales en curso, marcando un hito en el cierre de la crisis política desatada en 2022.

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Actualidad

Agricultores exigen renuncia del ministro de Agricultura por priorizar la minería sobre la agricultura

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Lima, 26 de septiembre de 2025. – La Confederación Nacional Agraria (CNA), gremio histórico de representación de los agricultores, exigió la inmediata renuncia del ministro de Agricultura, Ángel Manero, tras sus polémicas declaraciones en el Foro Perumin, donde afirmó que en momentos de escasez de agua “hay que darle agua a la minería, que más flujo de caja le da al país”, relegando a la agricultura al último plano.

El gremio calificó las palabras del titular de Agricultura como un “agravio directo a millones de campesinos y campesinas”, al sostener que el agua debe priorizarse para garantizar la alimentación de los peruanos y no para favorecer a la actividad minera. “Decir que la agricultura puede esperar es un insulto a la soberanía alimentaria del país”, señala el pronunciamiento.

La CNA demandó a la presidenta de la República y al Consejo de Ministros el cese inmediato de Manero, una rectificación pública del Gobierno que reafirme la prioridad de la seguridad hídrica para la agricultura y el consumo humano, así como la implementación de una política integral de gestión del agua que respete los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, invocaron a la ciudadanía a declarar al ministro como enemigo del pueblo peruano y a defender el derecho al agua y a la soberanía alimentaria.

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Agricultura

Trabajadores agroindustriales de Virú protestan por abusos laborales y exigen derogatoria de la Ley Agraria

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La Federación de Trabajadores del Sector Agroindustrial (FETSA RLL), afiliada a la CGTP, realizó una jornada de protesta este viernes en el distrito de Chao, provincia de Virú. La concentración se realizó en horas de la tarde en la Plaza de Armas de la localidad, bajo el lema “¡Basta de abusos laborales!”.

El gremio denunció presuntos abusos cometidos por empresas agroexportadoras como Hortifrut Perú, Hass Perú, Camposol, Agua Lima, Damper Avo Perú, Agrícola Virú, Agro Berries y otras. Entre los reclamos figuran la derogatoria de la nueva Ley Agraria, sanciones arbitrarias, jornadas y horarios extenuantes, imposición de horas extras, maltrato a madres gestantes y deficiencias en la atención de ESSALUD.

Este conflicto laboral se suma a otros episodios recientes en el sector. SUNAFIL ha intervenido fundos en Ica y La Libertad tras denuncias de incumplimiento de derechos laborales, mientras sindicatos de empresas como Hortifrut y Camposol advierten de hostigamientos y contratos irregulares. Organizaciones sindicales también alertan que la reducción de aportes empresariales a ESSALUD afecta la cobertura médica de los trabajadores, pese a que las agroexportaciones peruanas continúan registrando cifras récord en los mercados internacionales.

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