El Partido Popular Cristiano (PPC) anunció este martes la suspensión de la precandidatura presidencial de Fernando Cillóniz para las elecciones generales de 2026, luego de que se revelara su relación laboral con…
Agricultura
Fernando Cillóniz sentenciado a más de 4 años de prisión: un golpe político para su carrera política

El Poder Judicial ha condenado al exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, a cuatro años y dos meses de prisión suspendida por el delito de peculado doloso. Este fallo representa un duro golpe para su trayectoria política y complica su relación con el Partido Popular Cristiano (PPC), que recientemente lo consideraba como precandidato presidencial para las elecciones generales de 2026.
La sentencia está vinculada a la facilitación de la apropiación indebida de fondos públicos durante su gestión. Cillóniz fue hallado culpable de haber aprobado, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 0327-2017-GORE-ICA/GR, las ausencias injustificadas del exgerente general regional Carlos Ramón Noda entre 2015 y 2018. Noda, quien también recibió la misma pena, se ausentó para asistir a 11 eventos en representación del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, sin justificar dichas salidas ni descontarlas de su remuneración. Como consecuencia, se produjo la malversación de S/12.608,90, monto que ambos deberán reembolsar al Estado en un plazo de 10 días, bajo riesgo de sanciones más severas.
Además, Cillóniz cumplirá un periodo de prueba de dos años, durante el cual deberá acatar estrictas normas de conducta, como no cometer nuevos delitos contra la administración pública ni abandonar su residencia. Esta resolución no solo compromete su futuro político a corto plazo, sino que también deteriora su imagen pública, especialmente tras su reciente vínculo con empresas relacionadas a Odebrecht, una asociación que ya había suscitado controversia.

Impacto político y el futuro de Cillóniz
El PPC, que veía en Cillóniz una figura renovadora para las elecciones de 2026, reaccionó rápidamente tras conocerse su relación laboral con la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) y H2Olmos S.A., firmas vinculadas a Odebrecht. El 28 de febrero, el partido anunció la suspensión de su militancia y la cancelación de su precandidatura presidencial, argumentando que su nexo con la constructora brasileña, implicada en casos de corrupción a nivel internacional, era incompatible con los principios de la organización.
En una entrevista televisiva, Cillóniz intentó defenderse, asegurando que su papel como director independiente en dichas empresas comenzó hace un año y que no tuvo participación en actos corruptos. «Que se vayan los corruptos a la cárcel (…) Barata será el corrupto, esa es mi posición», declaró. No obstante, sus explicaciones no fueron suficientes para revertir la decisión del PPC ni mitigar el impacto de la sentencia en su carrera.
Un escenario político convulsionado
El caso de Cillóniz se suma a un contexto de creciente escrutinio judicial sobre figuras políticas en el Perú. En paralelo, el Poder Judicial aclaró que la absolución de Vladimir Cerrón en el caso ‘Aeródromo Wanka’ no afecta sus otros procesos judiciales en curso. Además, este jueves se llevará a cabo la audiencia de apelación contra la nulidad en el caso Cócteles de Keiko Fujimori.
Estos acontecimientos reflejan la intensidad de la lucha contra la corrupción en el país, un tema clave en la agenda política de cara a las próximas elecciones. Para Cillóniz, la combinación de su condena por peculado y su relación con Odebrecht representa un golpe devastador. Su futuro político, que alguna vez pareció prometedor, ahora enfrenta serios cuestionamientos.
Actualidad
Denuncian prácticas antisindicales en empresa agroexportadora Hass Perú de La Libertad

La Libertad, 12 de enero 2026.- Trabajadores de Hass Perú, empresa agroexportadora dedicada al cultivo de palta y arándanos en el departamento de La Libertad, han hecho pública una denuncia grave contra la compañía por presuntas prácticas antisindicales. El Sindicato de Trabajadores de Hass Perú (SINTRAHASSP), oficialmente registrado en diciembre de 2025 mediante la Resolución Subgerencial N° 000204-2025 del Gobierno Regional de La Libertad, acusa a la empresa de responder a su constitución con despidos de dirigentes y afiliados, hostigamiento laboral y deficiencias en medidas de seguridad que habrían provocado accidentes graves, incluyendo uno donde un trabajador perdió tres dedos de la mano.
Entre las exigencias del sindicato destacan la reposición inmediata de los despedidos —considerados nulos por constituir discriminación antisindical según la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y convenios de la OIT ratificados por Perú—, mejoras en el transporte al finalizar la jornada (con demoras excesivas en la movilidad), cese de presiones excesivas por parte de supervisores en la cosecha de arándano (con tolerancias mínimas de defectos que derivan en suspensiones), incremento de bonos en poda y cosecha, reducción de tareas excesivas y respeto pleno a la normativa de negociación colectiva.
La denuncia, que circula en redes sociales desde inicios de enero de 2026 y ha sido respaldada por economistas laborales como Fernando Cuadros Luque y Eduardo Zegarra, vincula estos hechos a un contexto más amplio de precarización en el sector agroexportador. Críticos señalan que la reciente Ley N° 32434 (conocida como Ley Chlimper 2.0, promulgada en 2025) reduce impuestos y aportes a EsSalud para las grandes empresas, lo que debilitaría la fiscalización laboral y facilitaría prácticas de este tipo en un rubro que concentra altos niveles de contratos temporales.
Ante las acusaciones, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó el 13 de enero de 2026 que su Intendencia Regional de La Libertad emitió una orden de inspección en la empresa, ubicada en Chao (Virú), para verificar las demandas laborales y presuntas irregularidades, incluyendo paralizaciones de actividades reportadas. La entidad ha enfatizado su rol en sancionar infracciones muy graves como actos contra la libertad sindical.
Este caso refleja tensiones persistentes en el sector agroindustrial peruano, donde el reconocimiento de sindicatos choca frecuentemente con estrategias empresariales de contención de costos. Mientras los trabajadores exigen respeto a derechos constitucionales y laborales, las autoridades competentes deberán determinar si se configuran violaciones que ameriten sanciones, reposiciones o medidas correctivas, en un escenario de creciente visibilidad de denuncias similares en la costa norte.
Actualidad
Crisis del limón en Piura: pequeños agricultores pagan el costo de la desorganización del Estado

La drástica caída del precio del limón en Piura ha vuelto a golpear con fuerza a miles de pequeños y medianos agricultores, quienes hoy venden su principal producto por debajo de los costos de producción. Mientras los intermediarios continúan imponiendo precios en un mercado desordenado, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), ha limitado su rol a explicar la situación como un fenómeno “estacional”, sin asumir responsabilidades por la falta de planificación agrícola, ordenamiento de la oferta ni protección efectiva al productor.
Lejos de ser un problema exclusivamente climático o de mercado, la actual crisis evidencia una ausencia sostenida de políticas públicas orientadas a garantizar calidad, productividad y acceso a mercados. La falta de fertilizantes, semillas certificadas y asistencia técnica permanente ha deteriorado la calidad del limón piurano, reduciendo su competitividad y su demanda. Estas funciones recaen directamente en el MIDAGRI y sus organismos adscritos, cuya débil presencia en el campo ha dejado al agricultor expuesto a pérdidas económicas, endeudamiento y abandono de sus parcelas.
Sin mecanismos de regulación, precios de referencia ni estrategias para diversificar mercados o impulsar la agroindustria, el peso de la crisis recae nuevamente sobre el eslabón más vulnerable de la cadena: el productor. Organizaciones agrarias advierten que, de no adoptarse medidas urgentes y estructurales, la situación podría profundizar la precarización del agro regional. La defensa del limón no es solo una demanda sectorial, sino una exigencia para que el Estado cumpla su rol y evite que los pequeños agricultores sigan llevando la peor parte.
Agricultura
Arequipa: Precios de vainita y cebolla registran incremento en la Plataforma Comercial de Río Seco

Arequipa, 10 de enero 2026.- En la Plataforma Comercial de Río Seco, ubicada en el distrito de Cerro Colorado (Arequipa), se observa un ajuste al alza en los precios de algunas hortalizas de consumo diario. Según información reportada por comerciantes y usuarios, el kilo de vainita alcanzó los 4 soles, mientras que la cebolla llegó hasta los 2 soles por kilo. Estos valores representan un incremento respecto a cotizaciones previas en mercados cercanos, donde la vainita se mantenía alrededor de 4.00 a 4.50 soles y la cebolla oscilaba entre 1.00 y 1.50 soles a inicios de enero de 2026.
El alza en estos productos se suma a la tendencia observada en otros centros de abasto de la región durante las primeras semanas del año. En el mercado Nueva Esperanza, por ejemplo, la vainita se cotiza en 4.50 soles el kilo, mientras que la cebolla se mantiene en niveles bajos (alrededor de 1.00 sol). Los comerciantes atribuyen las variaciones principalmente a factores estacionales, como la menor oferta por condiciones climáticas en las zonas productoras y la demanda sostenida de las familias arequipeñas.
La Plataforma de Río Seco continúa siendo uno de los principales puntos de abastecimiento mayorista y minorista en el Cono Norte de Arequipa. Las autoridades y los vendedores recomiendan a los consumidores verificar directamente en los puestos, ya que los precios pueden variar según la calidad del producto, el volumen de compra y el momento del día. Se espera que la situación se estabilice en las próximas semanas conforme evolucione la producción agrícola regional.
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