El Fenómeno El Niño vuelve a poner a prueba al Estado peruano: ¿las mismas fallas de siempre?

Lima, 13 de agosto de 2026. El Gobierno de Keiko Fujimori acaba de crear, mediante la Resolución Suprema N.° 256-2026-PCM, la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, con vigencia durante 2026 y 2027. La norma la define como órgano de decisión política y coordinación estratégica para las intervenciones ante el peligro inminente y las etapas de preparación y respuesta. La comisión será presidida por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego e integrada por Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda, INDECI y la Autoridad Nacional del Agua.

El problema es que el Perú no carece de instituciones ni de comisiones para enfrentar El Niño. Desde 1977 funciona el ENFEN, organismo científico y técnico permanente encargado de estudiar, monitorear y alertar sobre el fenómeno; además, el país cuenta con el SINAGERD, creado como un sistema interinstitucional, descentralizado, transversal y participativo, cuya conducción corresponde a la PCM. La propia Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 establece que la prevención y reducción del riesgo deben articular a los distintos sectores y niveles de gobierno.

La experiencia más reciente debería encender todas las alarmas. Después del Niño Costero de 2017, el Estado creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), acompañada de un enorme programa de inversiones. Sin embargo, seis años después, la Contraloría concluyó que el proceso había fracasado en aspectos fundamentales: de unos S/25 mil millones asignados, se habían gastado S/21 mil millones, pero seguían prácticamente pendientes soluciones integrales para las cuencas, defensas ribereñas, represas y reforestación. Más grave aún, de casi 6.000 servicios de control realizados, en 62 % de los casos las entidades no habían tomado acciones correctivas frente a riesgos advertidos.

Y el problema no fue solamente incapacidad de gestión. La Contraloría identificó 845 funcionarios de los tres niveles de gobierno con 1.982 responsabilidades, de las cuales 715 eran de carácter penal, 206 civiles y 1.061 administrativas. Investigaciones periodísticas también documentaron presuntas irregularidades en obras de prevención financiadas por la ARCC; en Piura, por ejemplo, se identificaron 131 funcionarios con presuntas responsabilidades penales, civiles o administrativas y un perjuicio económico estimado en más de S/25,8 millones. Es decir, la reconstrucción dejó una lección incómoda: crear estructuras extraordinarias y movilizar miles de millones no garantiza prevención, calidad ni transparencia.

El balance tampoco mejora cuando se revisa el desempeño más reciente. En julio de 2026, la Contraloría informó que 32 obras vinculadas a la Reconstrucción con Cambios ejecutadas bajo la modalidad Gobierno a Gobierno habían sufrido variaciones de 140,7 % en sus costos y de 332,6 % en sus plazos respecto de lo previsto inicialmente. El antecedente resulta especialmente relevante ahora que el Ejecutivo vuelve a organizar una instancia excepcional para enfrentar El Niño. La pregunta periodística es inevitable: ¿qué mecanismos nuevos de control, transparencia, seguimiento y rendición de cuentas tendrá esta comisión para impedir que la urgencia vuelva a convertirse en una puerta para sobrecostos, retrasos o responsabilidades que aparecen cuando el desastre ya pasó?

Hay además una alerta institucional que no debería pasar inadvertida. La nueva comisión depende de la Presidencia de la República, pero su conducción efectiva recae en el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, mientras que la PCM —ente rector del SINAGERD— no figura como integrante permanente, aunque el presidente del Consejo de Ministros refrenda la resolución. La comisión puede convocar a otros ministros, gobiernos subnacionales y privados, pero esa posibilidad no equivale a una articulación intergubernamental permanente. Esto resulta crítico porque la propia legislación del SINAGERD exige coordinación entre los tres niveles de gobierno, prevención, reducción del riesgo y participación de actores locales.

La creación de la comisión, por tanto, no es necesariamente una mala decisión; el riesgo está en repetir el modelo de reacción institucional que aparece cuando la amenaza ya está encima. El Gobierno afirma que existen unos 1.900 puntos críticos y que inicialmente priorizará 569, mientras ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y la propia resolución advierte una posible magnitud fuerte y sin descartar un escenario extraordinario hacia finales de 2026. El verdadero examen para Keiko Fujimori no será cuántas comisiones crea, sino si logra convertir información científica en prevención territorial, coordinar efectivamente con regiones y municipios, ejecutar obras técnicamente sólidas, proteger los recursos públicos y evitar que la historia de la Reconstrucción con Cambios vuelva a repetirse. El Perú no necesita otra comisión que llegue después del desastre: necesita un Estado que llegue antes.