Defensoría del Pueblo: Junta Directiva acusa a Josué Gutiérrez de incumplir derechos laborales

En un comunicado conjunto, la Junta Directiva de los trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha puesto en el ojo de la tormenta a la institución y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), denunciando graves incumplimientos que afectan los derechos laborales de su personal. La declaración, emitida el 1 de mayo, expone una serie de irregularidades que contradicen el supuesto compromiso con los trabajadores.

Entre las acusaciones más serias está el incumplimiento de un compromiso para adjudicar las plazas 728 a los trabajadores de la Defensoría, una promesa que, según el comunicado, no se ha materializado. Asimismo, se señala al MEF por errores en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), que registra contratos a plazo indeterminado como temporales, afectando a direcciones clave como las de conflictos sociales y derechos humanos. Esta falta de diligencia, atribuida a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, ha generado indignación entre los trabajadores.

Otro punto crítico es el desacato a sentencias judiciales que ordenan la incorporación de trabajadores al régimen 728 y el pago de intereses de la CTS, evidenciando un desprecio por las resoluciones legales. Pero la controversia no termina ahí: la mudanza técnica de un piso a otro en la sede central, sin un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones ni un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pone en riesgo la vida e integridad del personal y visitantes, según el comunicado. La infraestructura, aseguran, no está preparada para la cantidad de empleados que han ingresado desde el inicio de la actual gestión.

“Es una gestión que declara compromiso con los trabajadores, pero los hechos demuestran lo contrario”, reza el comunicado, que también llama a los trabajadores a unirse y prepararse para nuevas jornadas de lucha, incluso acudiendo a instancias internacionales si es necesario. Este panorama opaca la labor defensorial de la institución, que debería velar por los derechos de los más vulnerables, mientras enfrenta críticas por no garantizar los de su propio personal.