Perú en crisis: Mayoría de peruanos cree que leyes del Congreso favorecen a la delincuencia

Lima – Una reciente encuesta nacional de Datum ha encendido las alarmas sobre la percepción de inseguridad en el Perú, revelando que el 62 % de los ciudadanos considera que las leyes aprobadas por el Congreso, dominado por Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Avanza País, benefician a los delincuentes. Este dato refleja un profundo cuestionamiento a la efectividad de la legislación actual en la lucha contra el crimen.

La desconfianza hacia las instituciones alcanza niveles críticos: un 89 % de los encuestados no confía en jueces ni fiscales, señalando liberaciones de detenidos, retrasos procesales y la falta de sentencias firmes como principales problemas. Esta crisis institucional se agrava con la percepción de que el sistema judicial es ineficiente o indulgente frente a la delincuencia.

Dina Boluarte, en el ojo de la tormenta

La presidenta Dina Boluarte es señalada por la mayoría como la principal responsable de la escalada de inseguridad, debido a la falta de medidas efectivas para frenar el aumento de los índices delictivos. La encuesta también muestra que el 86 % de los peruanos se siente inseguro en su ciudad, lo que ha generado temor a salir de noche, restricciones en actividades diarias y una menor participación en espacios públicos.

Inseguridad impulsa deseos de emigrar

El impacto de la delincuencia trasciende lo cotidiano: un 36 % de los ciudadanos ha considerado emigrar del país por motivos de seguridad. Esta cifra evidencia cómo la inseguridad no solo afecta emocionalmente, sino que también está influyendo en decisiones de vida trascendentales.

Un desafío urgente para las autoridades

Los resultados de Datum pintan un panorama alarmante, con una ciudadanía que percibe un sistema judicial colapsado y leyes que no protegen. Esta crisis estructural demanda acciones inmediatas y contundentes por parte del gobierno y el Congreso para recuperar la confianza ciudadana y garantizar la seguridad. La implementación de políticas efectivas y una reforma judicial profunda se presentan como prioridades ineludibles para enfrentar esta problemática.