Construcción civil marcha al Congreso y exige frenar cualquier recorte de derechos laborales

Lima, 18 de agosto de 2026.- Trabajadores de construcción civil se movilizaron el pasado 13 de agosto por las calles de Lima hasta el Congreso de la República, convocados por la CGTP, para expresar su rechazo a cualquier modificación que pueda significar un recorte de derechos laborales dentro del pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

La movilización tuvo como punto central un mitin frente al Parlamento, donde dirigentes sindicales reclamaron a los congresistas que no otorguen al Ejecutivo una autorización abierta para modificar el régimen laboral sin establecer límites claros. La protesta se produce en momentos en que el pedido de facultades contempla materias vinculadas al empleo, protección social y régimen laboral.

El reclamo de los trabajadores no surge de la nada. El proyecto de delegación de facultades preparado por el Ejecutivo incluye cambios que podrían afectar aspectos como CTS, gratificaciones, vacaciones, jornada laboral, participación en utilidades y protección frente al despido. Diversos análisis del proyecto han advertido que estas modificaciones podrían generar una flexibilización significativa del régimen laboral.

La preocupación sindical aumentó porque la propuesta plantea avanzar hacia un régimen laboral general con beneficios progresivos según el nivel de remuneración. Desde sectores críticos se advierte que este esquema podría terminar perjudicando principalmente a los trabajadores de menores ingresos, precisamente quienes tienen menor capacidad para enfrentar una reducción de beneficios.

La presidenta Keiko Fujimori, sin embargo, ha asegurado que su Gobierno no eliminará las gratificaciones ni la CTS y afirmó que “ningún derecho laboral va a ser recortado”. Esta posición contrasta con las preocupaciones generadas por el contenido conocido del proyecto y coloca al Congreso ante la responsabilidad de revisar con precisión qué materias y alcances terminarían siendo autorizados al Ejecutivo.

Para construcción civil, el problema va más allá de una discusión técnica. Los trabajadores defienden un régimen especial que históricamente ha sido resultado de la organización sindical y de la negociación colectiva. La FTCCP mantiene una estructura nacional y ha desarrollado negociaciones colectivas específicas para el sector, incluido el convenio correspondiente al año 2026.

La movilización también expresa una advertencia política al nuevo Parlamento: los derechos laborales no deben convertirse en moneda de cambio para acelerar reformas económicas o promover la formalización. La CGTP y los gremios participantes demandan que cualquier modificación sea discutida públicamente y no aprobada mediante una delegación de facultades que reduzca el debate parlamentario.

El Ejecutivo sostiene que necesita facultades por 120 días para impulsar reformas en seguridad, empleo, desarrollo productivo, simplificación administrativa y modernización del Estado. El Congreso, que deberá evaluar y delimitar esas facultades, tiene ahora el desafío de encontrar un equilibrio entre la necesidad de reformas y la protección de derechos laborales adquiridos.

La protesta del 13 de agosto deja un mensaje directo de los trabajadores al Parlamento: si el Gobierno quiere reformar el régimen laboral, tendrá que explicar con claridad qué pretende cambiar y garantizar que ninguna reforma termine recortando derechos. El debate recién comienza y la movilización sindical demuestra que construcción civil y la CGTP están dispuestas a permanecer en las calles para defender sus conquistas laborales.