Keiko Fujimori ante la ONU: califica al crimen organizado de “terrorismo”, plantea apoyo militar frente a amenazas internas y ratifica alianza regional con Trump

La presidenta llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas su nueva doctrina contra el crimen organizado: denominar terroristas a las redes criminales, ampliar el papel de las Fuerzas Armadas y profundizar la cooperación de seguridad con Estados Unidos.

Nueva York, 22 de setiembre de 2026.- La presidenta Keiko Fujimori convirtió su primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en una exposición de su nueva estrategia de seguridad para el Perú. Este 22 de septiembre, ante la 81.ª Asamblea General, sostuvo que las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión, la trata de personas, la minería ilegal y otras actividades ilícitas deben ser consideradas “grupos terroristas”.

No se trató únicamente de una descripción de la criminalidad existente. Fujimori planteó ante la comunidad internacional una nueva forma de interpretar la amenaza: sostuvo que el Perú enfrenta “otro tipo de guerra”, protagonizada por organizaciones que no tienen frentes de combate ni fronteras claramente delimitadas y que operan dentro de las propias poblaciones.

Del crimen organizado al “terrorismo”

La utilización del concepto de terrorismo para referirse a organizaciones criminales transnacionales constituye uno de los puntos de mayor alcance político de su discurso. Fujimori sostuvo que estas estructuras deben ser enfrentadas como enemigos del Estado democrático.

El planteamiento coloca en el centro una cuestión que trasciende el lenguaje político: qué consecuencias jurídicas tendría que determinadas organizaciones criminales sean formalmente consideradas terroristas y bajo qué legislación serían combatidas. La presidenta pidió precisamente un marco normativo que permita desarrollar esta estrategia.

Narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata, extorsión y asesinato fueron incluidos por Fujimori dentro de una amenaza común. Sin embargo, que una organización cometa delitos graves no determina por sí solo, jurídicamente, que pueda ser considerada una organización terrorista. Esa eventual calificación requeriría definiciones legales y criterios de aplicación concretos.

El siguiente paso: militares contra la amenaza interna

La segunda pieza de la propuesta es el papel de las Fuerzas Armadas. Fujimori pidió un marco normativo que permita que los militares apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra estas organizaciones.

El planteamiento abre una discusión particularmente sensible en un país con la experiencia del conflicto armado interno: dónde termina la función policial y dónde comienza la intervención militar; qué reglas de uso de la fuerza se aplicarían; quién asumiría el control operativo y bajo qué circunstancias una organización criminal podría ser tratada como una amenaza de carácter militar.

La presidenta no planteó simplemente reforzar a la Policía. Su discurso vinculó la respuesta militar con la caracterización de determinadas organizaciones como “grupos terroristas”. Por ello, el debate que ahora corresponde al Ejecutivo y al Congreso no será únicamente presupuestal o operativo, sino también jurídico y constitucional.

La memoria de los años 90 vuelve al discurso de seguridad

Fujimori conectó esta nueva estrategia con la lucha contra Sendero Luminoso. Ante la ONU defendió a militares y policías que combatieron el terrorismo durante los años 90 y cuestionó que, 34 años después, algunos continúen enfrentando procesos judiciales.

La presidenta afirmó que en esos casos se habrían producido vulneraciones del debido proceso. Sin embargo, esa afirmación política no sustituye las decisiones de los tribunales ni permite asumir que todos los procesos contra integrantes de las fuerzas del orden presentan las mismas circunstancias.

La referencia tampoco fue casual dentro del discurso. Fujimori estableció una línea política entre aquella experiencia y la amenaza criminal que identifica actualmente: el Estado derrotó al terrorismo y ahora, según su planteamiento, debe utilizar nuevas herramientas para enfrentar a organizaciones que considera una amenaza equivalente en términos de seguridad nacional.

El “Escudo de las Américas” y el giro hacia Washington

El otro gran componente del discurso estuvo fuera del ámbito estrictamente interno. Fujimori ratificó la adhesión del Perú al “Escudo de las Américas”, iniciativa regional de coordinación contra el crimen transnacional impulsada por Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.

La presidenta presentó la incorporación como una muestra del “decidido compromiso” peruano de trabajar con socios regionales frente a una amenaza de “altísima prioridad”. De esta manera, la estrategia contra el crimen organizado quedó vinculada a una política exterior de mayor cooperación en seguridad con Washington.

El mensaje de Nueva York refuerza así una coincidencia entre la política interna y la política exterior de su Gobierno: más herramientas militares y policiales dentro del país y mayor coordinación de seguridad con Estados Unidos fuera de sus fronteras.

La otra agenda: educación, economía y “agendas impuestas”

Fujimori no limitó su discurso a la seguridad. Presentó también los resultados que su Gobierno atribuye a la economía peruana y defendió una reforma educativa que incluye infraestructura, herramientas digitales, fortalecimiento docente y formación de directores.

La presidenta vinculó la educación con la prevención del crimen y sostuvo que las deficiencias del sistema educativo pueden convertirse en factores que alimenten la criminalidad. Su argumento coloca a la escuela como uno de los espacios desde los cuales el Estado pretende disputar terreno a las redes delictivas.

En el tramo político y cultural de su intervención, Fujimori cuestionó las que denominó “agendas impuestas”, a las que atribuyó división social, debilitamiento institucional y afectación de la familia. Frente a ello, reivindicó la libertad individual, las tradiciones, la familia, la igualdad ante la ley, la dignidad humana y el debido proceso.

Una doctrina de seguridad que ahora deberá pasar por el Congreso

El discurso ante la ONU deja planteada una hoja de ruta que todavía debe traducirse en decisiones concretas dentro del Perú. La denominación de organizaciones criminales como terroristas, la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía y las reglas bajo las cuales podrían actuar requieren definiciones normativas y operativas.

Por eso, el punto central después del discurso no será solamente qué dijo Fujimori en Nueva York, sino qué medidas presentará su Gobierno en Lima para convertir esas declaraciones en política pública. El alcance de la intervención militar, la definición de las organizaciones que serían consideradas terroristas y las garantías aplicables durante las operaciones serán parte del debate.

Desde Nueva York, la presidenta presentó su respuesta al crimen organizado como una política de seguridad nacional y la conectó con una alianza regional impulsada por Washington. Ahora, esa propuesta deberá enfrentar su prueba decisiva en el ámbito interno: convertir una nueva definición política del enemigo en normas, operaciones y controles compatibles con el Estado de derecho.