Economía

Directorio cuestionado de Petroperú renuncia tras presión popular

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El Directorio de Petroperú, designado por la Junta General de Accionistas (JGA), presentó su renuncia colectiva debido a la falta de pronunciamiento del Gobierno frente a la supuesta crisis financiera que atraviesa la empresa. La renuncia, de carácter unánime, se produce en un contexto de creciente presión popular, que rechaza cualquier indicio de privatización de la estatal petrolera.

Mediante un comunicado, los miembros del Directorio señalaron que, desde el inicio de su gestión, advirtieron al Gobierno sobre la insostenibilidad financiera de Petroperú y la necesidad de tomar decisiones estratégicas para el futuro de la empresa. Sin embargo, tras varios días sin respuestas oficiales, concluyeron que «en las condiciones actuales, resulta inviable continuar con el encargo recibido».

Renuncia del directorio saliente de Petroperú

Crisis y propuestas para el futuro de Petroperú

En las últimas semanas, la situación de Petroperú ha sido tema central en la agenda política y económica del país. El Gobierno de Dina Boluarte ha descartado la privatización de la empresa, reafirmando su rol como entidad estratégica que abastece de combustible a regiones alejadas del Perú. Boluarte expresó su intención de conformar un nuevo Directorio, integrado por funcionarios con «visión diferente» y comprometidos con el desarrollo nacional.

Por su parte, Pedro Gamio, representante del Directorio renunciante, como es obvio advirtió sobre la gravedad de la situación de Petroperú, calificándola como «un paciente en cuidados intensivos». Gamio insistió en la urgencia de una reestructuración que contemple una «hoja de ruta transparente» para sincerar las finanzas y coordinar un plan de recuperación sostenible.

Posturas divididas entre el Congreso y los gremios empresariales

Las reacciones a la renuncia del Directorio no se hicieron esperar. Alejandro Aguinaga, congresista del partido ultraderechista Fuerza Popular, calificó a Petroperú como un «barril sin fondo», sugiriendo que se evalúe una concesión para detener la creciente deuda de la empresa estatal.

En contraste, la congresista izquierdista Margot Palacios Huamán criticó la gestión del Directorio renunciante, acusándolos de tener intenciones privatizadoras y apoyando la renovación de la cúpula directiva con profesionales honestos y patriotas. “Debe cerrarse ya el período de funcionarios neoliberales infiltrados en la administración pública saqueando los bienes del Estado. Necesitamos profesionales decentes, honrados y patriotas para reemplazar al Directorio de Petroperú que hace bien en irse y cuyo propósito no era otro que rematarla, una empresa estratégica para la soberanía del país”, enfatizó la parlamentaria Margot Palacios, en un escueto comunicado en sus redes.

Congresista Margot Palacios Huamán se pronunció a favor de Petroperú

Los gremios empresariales que estuvieron de acuerdo con la intentona privatizadora, por su parte, expresaron su preocupación por la inestabilidad de Petroperú. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Asociación Automotriz del Perú (AAP) lamentaron la renuncia del Directorio, atribuyéndola a la inacción del Gobierno. Ambos gremios coinciden en la necesidad de nombrar directivos técnicamente capacitados, sin sesgos políticos, para enfrentar la difícil situación de la empresa.

Encrucijada estratégica

La renuncia del Directorio coloca de la empresa estatal Petroperú en un momento de alta incertidumbre, mientras se espera una respuesta clara del Gobierno sobre los pasos a seguir. La empresa, un pilar en el sector energético del Perú, requiere medidas urgentes para asegurar su sostenibilidad financiera y operativa, sin comprometer su carácter estatal.

El futuro de Petroperú, clave para el desarrollo económico del país, sigue siendo incierto, mientras gremios, sectores políticos y la población esperan con ansiedad las decisiones que tomen las autoridades en los próximos días. Pero en lo que todos los peruanos, la gran mayoría de patriotas, están de acuerdo es que se debe conservar la empresa estatal y fomentar su despegue para asegurar la soberanía energética.

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