Ley N.º 32223 garantiza más derechos y estabilidad laboral para trabajadores del sector público

En un significativo avance para la protección de los derechos laborales, el Poder Ejecutivo ha promulgado la Ley N.º 32223, que introduce importantes cambios en la regulación de cargos de confianza y puestos de dirección en el sector público. Esta norma representa un gran logro en la búsqueda de estabilidad laboral y reconocimiento de los trabajadores peruanos en las entidades estatales, especialmente bajo los regímenes CAS y de carrera.

Principales beneficios:

Derecho a una remuneración acorde al cargo desempeñado: Los trabajadores designados para ocupar cargos de confianza o dirección recibirán el salario correspondiente al puesto. Además, al finalizar su designación, tendrán la garantía de regresar a su cargo original, evitando ceses arbitrarios o situaciones de vulnerabilidad laboral.

Certificación de experiencia laboral: La ley asegura que los trabajadores obtengan un certificado oficial que acredite el periodo en que desempeñaron cargos de confianza o dirección. Esto no solo valora su trayectoria, sino que también enriquece su perfil profesional.

Cobertura temporal y respeto a los puestos originales: Durante la encargatura de un trabajador CAS en un puesto de dirección, su posición original será cubierta mediante un contrato temporal, garantizando la continuidad operativa de la institución.

Derecho al retorno para servidores de carrera: Los trabajadores permanentes y con más de cinco años de antigüedad también podrán regresar a su plaza original tras concluir una designación en un cargo político, de dirección o de confianza, sin comprometer su estabilidad laboral.

Responsabilidad institucional: El incumplimiento de estas disposiciones conllevará sanciones para las áreas de recursos humanos que no las apliquen, promoviendo un manejo más justo y transparente.

Pendientes y retos por conquistar

Si bien esta norma es un avance importante, aún persisten desafíos clave en la consolidación de derechos laborales en el sector público:

Claridad en la definición de trabajadores de base y de confianza: A menudo, la confusión sobre las funciones y derechos de estos roles genera arbitrariedades y despidos injustificados. La implementación de la Ley N.º 32223 debe ir acompañada de capacitaciones para las oficinas de recursos humanos.

Estabilidad frente a cambios gubernamentales: La práctica de despidos masivos al inicio de nuevas gestiones sigue siendo una realidad. Es fundamental que las instituciones públicas adopten una cultura de respeto hacia la estabilidad laboral como un derecho humano, y no como una prerrogativa sujeta a intereses políticos.

Cumplimiento de los laudos laborales: El creciente número de fallos judiciales en contra de las entidades públicas por despidos injustificados refleja la necesidad de una mayor observancia y respeto a las decisiones del poder judicial.

Un llamado al compromiso institucional

La promulgación de la Ley N.º 32223 ofrece una oportunidad histórica para fortalecer la institucionalidad en el sector público. Su éxito dependerá de la voluntad política para garantizar su correcta aplicación y de un enfoque transparente en la gestión de recursos humanos.

Mientras se esperan las adecuaciones reglamentarias en los próximos 30 días, los trabajadores tienen motivos para celebrar este importante hito, pero también para mantenerse vigilantes y unidos en la lucha por la plena consolidación de sus derechos. El fortalecimiento del servicio público y el respeto a la estabilidad laboral son pilares fundamentales para un Estado eficiente y justo.