La justicia peruana bajo la lupa: anulación del juicio a Keiko Fujimori indigna al país

Una nueva polémica sacude al sistema judicial peruano tras la anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 48 implicados en el caso Cócteles. La decisión del Tercer Juzgado Penal Colegiado, basada en supuestas irregularidades procesales y la vulneración del derecho a la defensa, evidencia una vez más la fragilidad de la justicia en el país. Este fallo, criticado por sectores ciudadanos y analistas, refuerza la percepción de un sistema que opera con criterios selectivos, favoreciendo a los poderosos y perpetuando la impunidad.

El tribunal argumentó que la acusación fiscal estuvo plagada de defectos graves, como la falta de imputaciones específicas contra varios acusados y una elaboración apresurada en pleno contexto electoral de 2021, cuando Fujimori era candidata presidencial. Además, señalaron que la etapa intermedia fue desnaturalizada por errores del Ministerio Público, que corrigió deficiencias de forma irregular, prolongando un proceso ya desgastado. Sin embargo, para muchos, estas razones no justifican la anulación total del juicio, especialmente tras años de investigaciones y avances en el caso.

Esta decisión también ha generado indignación en un país marcado por escándalos de corrupción. Ciudadanos y especialistas consideran que el fallo envía un mensaje peligroso sobre la capacidad del sistema para garantizar justicia en casos emblemáticos. Aunque los derechos procesales deben ser respetados, surgen preguntas sobre la verdadera intención detrás de esta medida, alimentando sospechas de intereses políticos.

La anulación no solo retrasa la posibilidad de conocer la verdad sobre el presunto financiamiento ilegal de la campaña de Fujimori, sino que también afecta la lucha anticorrupción en Perú. En un momento donde la confianza en las instituciones es crítica, este revés judicial refuerza la desconfianza ciudadana.

El caso Cócteles deja lecciones amargas. Más allá de los tecnicismos, es urgente reformar y fortalecer el sistema judicial peruano para garantizar procesos transparentes y equitativos. Solo así se podrá evitar que la justicia sea percibida como un instrumento al servicio de los intereses particulares y recuperar la fe de la ciudadanía.