Paraguay: crisis de Ueno Bank desata protestas contra Peña

La intervención del banco dejó sin acceso a sus cuentas a millones de clientes y comprometió fondos públicos. Ahorristas y jubilados salieron a las calles de Asunción para exigir la devolución de su dinero y responsabilidades políticas al Gobierno.

Asunción, 4 de noviembre de 2026.- La intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales de Paraguay, desencadenó protestas de ahorristas y jubilados en la capital, donde cientos de ciudadanos salieron a las calles para exigir la devolución de sus depósitos, cuestionar al Gobierno de Santiago Peña y reclamar responsabilidades por la crisis que dejó bloqueadas las operaciones bancarias de aproximadamente 2,9 millones de clientes.

La decisión fue adoptada el 2 de noviembre por el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), que inició el procedimiento de resolución de la entidad después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal requerido. La medida implicó la suspensión de los servicios bancarios, incluidas las operaciones mediante tarjetas, cajeros automáticos y plataformas digitales.

Ahorristas enfrentan a la Policía y exigen respuestas

El martes 3 de noviembre, las protestas se concentraron en el microcentro de Asunción, especialmente en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes. Los manifestantes exigieron la devolución íntegra de sus ahorros y cuestionaron los mecanismos anunciados por las autoridades para recuperar los depósitos. La movilización, que comenzó pacíficamente, derivó en incidentes, forcejeos y enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional cuando un grupo intentó avanzar hacia la sede del Congreso.

Otra concentración se desarrolló frente a Mburuvicha Róga, residencia oficial del presidente Santiago Peña. Allí, los manifestantes expresaron su rechazo a la gestión gubernamental y exigieron el juicio político y la salida del mandatario, en medio de cuestionamientos por los vínculos políticos y empresariales relacionados con la entidad financiera.

Fondos públicos y jubilaciones en el centro de la crisis

Uno de los aspectos más delicados es la exposición de recursos públicos. El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank. Además, alrededor de 32.000 jubilados utilizaban esta entidad para recibir sus pensiones.

Ante la preocupación de los beneficiarios, el IPS aseguró que los pagos de jubilaciones y aguinaldos se realizarán conforme al calendario establecido y anunció que inició las gestiones para trasladar las cuentas de los pensionistas a otra institución financiera. Sin embargo, la recuperación de las inversiones institucionales comprometidas constituye otro problema que deberá resolverse.

El Banco Central anunció que los depósitos cuentan con una garantía de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228.300.000 guaraníes por depositante. Asimismo, comunicó que se efectuará un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes a los ahorristas, mientras se establecen los siguientes mecanismos de devolución.

Vínculos políticos y responsabilidades bajo investigación

La crisis también ha abierto cuestionamientos sobre la relación entre el poder político y la entidad financiera. El presidente Santiago Peña mantuvo vínculos empresariales con el grupo propietario de Ueno hasta marzo de 2025, mientras que Carlos Carvallo, quien presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central a petición del mandatario, había dirigido anteriormente Ueno Bank.

La investigación sobre las operaciones crediticias vinculadas al grupo empresarial, la supervisión financiera y las decisiones que condujeron al deterioro patrimonial de la entidad serán determinantes para establecer responsabilidades. El Ministerio Público también intervino en el caso y ordenó detenciones de directivos vinculados al banco.

La crisis deja en evidencia la dimensión social de una intervención bancaria: detrás de los indicadores financieros se encuentran millones de personas que necesitan acceder a sus ahorros, trabajadores que deben cumplir obligaciones económicas y jubilados que esperan cobrar sus pensiones. Mientras avanzan las investigaciones, los afectados exigen transparencia, recuperación de sus fondos y garantías de que los recursos públicos no terminarán perjudicados.