Transportistas anuncian paro nacional de 72 horas

La paralización está convocada para el 16, 17 y 18 de noviembre. El gremio reclama por el alza del diésel, la insuficiencia del subsidio estatal y la falta de soluciones frente a la informalidad en el transporte de carga.

Lima, 3 de noviembre de 2026.- Los transportistas de carga pesada anunciaron un paro nacional de 72 horas para los días 16, 17 y 18 de noviembre, en protesta por el incremento del precio del diésel, la insuficiencia de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno y la falta de respuestas frente a la informalidad en el sector. La medida, convocada por la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú, podría afectar el traslado de mercancías en Lima y distintas regiones del país.

Alza del diésel y subsidio insuficiente

Martín Ojeda, vocero de la organización gremial, confirmó la convocatoria y cuestionó el incremento del precio de los combustibles. Aunque reconoció que el encarecimiento del petróleo responde también a factores internacionales, sostuvo que el subsidio anunciado por el Gobierno no alcanza para compensar los mayores costos que afrontan los transportistas. El dirigente también cuestionó la falta de una partida presupuestal adecuada para atender esta problemática.

Otro de los principales reclamos es la creciente informalidad en el transporte terrestre de mercancías. Los transportistas exigen que el Estado adopte medidas efectivas de fiscalización y promueva condiciones de competencia que eviten que los operadores formales tengan que competir en desventaja frente a quienes trabajan al margen de las disposiciones legales.

Exigen implementar el Observatorio de Transporte Terrestre

Entre sus demandas también figura la implementación efectiva del Observatorio de Transporte Terrestre, establecido mediante la Ley 31886, que busca transparentar información sobre tarifas, precios, fletes y condiciones del servicio de transporte de mercancías. Esta herramienta debe contribuir a identificar distorsiones del mercado y promover la competencia en el sector formal.

Al respecto, existe un antecedente normativo importante: el Gobierno aprobó el reglamento de esta ley mediante el Decreto Supremo 020-2025-MTC y, posteriormente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó, en julio de 2026, una programación operativa para su implementación progresiva. El reclamo gremial pone en discusión la aplicación efectiva de estos instrumentos y sus resultados para los transportistas.

Bases regionales respaldarían la paralización

Según Martín Ojeda, la convocatoria cuenta con el respaldo de bases gremiales de Supe, Barranca, Chiclayo, Piura y Sullana, entre otras localidades. El dirigente estimó que alrededor de 20.000 transportistas de camiones y otras unidades de carga podrían participar en la medida de fuerza, aunque esta cifra corresponde a una proyección de la dirigencia.

Una paralización de esta magnitud podría repercutir en el traslado de alimentos, productos agrícolas, combustibles, materiales de construcción e insumos industriales. También podría generar retrasos en las cadenas de abastecimiento y mayores costos logísticos, con posibles consecuencias para comerciantes, productores, empresas y consumidores. La magnitud de estos efectos dependerá del nivel de acatamiento y de las rutas y actividades que resulten comprometidas.

Transportistas esperan respuesta del Ejecutivo

Pese al anuncio de la medida de fuerza, los dirigentes aseguran que mantienen su disposición al diálogo con el Gobierno y esperan que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones atienda sus demandas antes del 16 de noviembre. La apertura de una negociación permitiría evaluar soluciones sobre el precio de los combustibles, la formalización y la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación del transporte terrestre.

Por ahora, la paralización permanece anunciada y su eventual suspensión dependerá de los resultados de las conversaciones y de las respuestas concretas del Ejecutivo. Mientras tanto, miles de transportistas esperan que sus reclamos sean atendidos y que el Gobierno presente medidas que permitan sostener sus actividades y garantizar condiciones más equitativas en el mercado nacional de transporte de carga.