La Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones confirmó la anulación del juicio oral en el emblemático caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y a otros 32 integrantes y simpatizantes de Fuerza…
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Fiscalía solicita 35 años de prisión para Keiko Fujimori por el caso Cócteles
Lima, 3 de julio de 2025 – El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, ha presentado una nueva acusación penal contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, solicitando una condena de 35 años de prisión en el marco del caso Cócteles. Este proceso investiga el presunto financiamiento ilícito de las campañas electorales de Fujimori en 2011 y 2016, acusándola de delitos graves como lavado de activos agravado en organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
La acusación, elevada al Poder Judicial tras la anulación de un juicio oral previo en abril de 2025 por mandato del Tribunal Constitucional, también involucra a exdirigentes de Fuerza Popular y a personas jurídicas como el partido político y MVV Bienes Raíces S.A.C. Además, el fiscal ha solicitado una multa de 730 días y el sobreseimiento de 19 investigados relacionados con el caso.
El caso Cócteles se centra en las supuestas irregularidades en la recaudación de fondos para las campañas presidenciales de Fujimori, incluyendo aportes no declarados y actividades como cócteles y eventos para captar recursos de origen presuntamente ilícito.
Esta nueva acusación marca un capítulo más en un proceso judicial que ha generado gran controversia en el ámbito político peruano. Por su parte, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, ha cuestionado la validez de la acusación, argumentando que carece de objetividad y que los hechos imputados no constituían delitos según la normativa vigente en el momento de las campañas.
Asimismo, señaló irregularidades en la notificación de la acusación, lo que podría generar un nuevo debate en la etapa de control de acusación que se avecina. El proceso, que ha captado la atención de la opinión pública, se encuentra ahora en manos del Poder Judicial, que determinará los próximos pasos en este caso que podría tener profundas implicancias políticas y legales para el futuro de Fuerza Popular y su lideresa.