Herederos de Pinochet tendrán que devolver más de 16 millones de dólares al Estado

En un fallo histórico, un tribunal chileno ha ordenado a los herederos del exdictador Augusto Pinochet devolver más de 16 millones de dólares al Estado de Chile, tras comprobarse que dichos fondos fueron sustraídos ilegalmente durante su régimen (1973-1990). La sentencia, enmarcada en el caso Riggs, concluye una investigación iniciada en 2018 por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que destapó un complejo entramado de malversación a través de gastos reservados de la Presidencia, la Casa Militar y el Comando del Ejército.

La fortuna ilícita, que incluye ocho propiedades y otros bienes inmuebles, fue acumulada por Pinochet mediante cuentas opacas en el extranjero, como las descubiertas en el banco Riggs de Estados Unidos.

Este fallo representa un hito en la lucha por la recuperación de activos robados al pueblo chileno, aunque la suma ordenada no cubre la totalidad de los 27 millones de dólares estimados en investigaciones previas, según un informe del Senado estadounidense de 2005. La viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, fallecida en 2021, y sus cinco hijos –Augusto, Lucía, Jacqueline, Marco Antonio y Verónica– enfrentan ahora la obligación de restituir los fondos, en un proceso que también pone en el centro del debate la responsabilidad de las familias de exgobernantes en casos de corrupción.

El caso ha resonado más allá de las fronteras chilenas, reavivando discusiones sobre la recuperación de activos en países con legados de corrupción sistémica, como Perú. En el contexto peruano, un caso paralelo que podría inspirarse en esta sentencia es el de la familia del expresidente Alberto Fujimori, cuya administración (1990-2000) estuvo marcada por escándalos de corrupción liderados por su asesor Vladimiro Montesinos.

Las investigaciones en Perú han estimado que Fujimori y sus allegados acumularon millones de dólares mediante sobornos, desvío de fondos públicos y contratos irregulares, muchos de los cuales fueron canalizados a cuentas en el extranjero. En un escenario hipotético donde se aplicara una medida similar a la chilena, los herederos de Fujimori –en particular sus hijos Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori– podrían ser obligados a devolver activos adquiridos ilícitamente, como propiedades, cuentas bancarias o empresas vinculadas a los esquemas de corrupción.

Sin embargo, en Perú, la recuperación de estos fondos enfrenta obstáculos legales y políticos, ya que muchos casos permanecen en litigio o han sido archivados, y la familia Fujimori ha mantenido una fuerte influencia política, especialmente a través de Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular.

El fallo chileno no solo es una victoria para la justicia, sino también un recordatorio de que la recuperación de lo robado es un paso crucial para sanar las heridas de los pueblos afectados por regímenes corruptos, aunque su implementación en contextos como el peruano enfrenta desafíos estructurales y políticos que aún deben superarse.