La derecha congresal negocia a regañadientes la ampliación del Reinfo hasta 2027

Lima, 25 de noviembre de 2025. – En medio de un clima preelectoral cargado de tensiones, la derecha congresal peruana se ve envuelta en negociaciones reacias para respaldar la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027, motivada aparentemente por la promesa de votos y financiamiento del sector minero informal de cara a las elecciones generales del 2026, aunque lo nieguen públicamente. Bancadas conservadoras como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, que han condenado repetidamente la informalidad como un obstáculo al crecimiento económico legal, ahora ceden ante presiones de gremios mineros y aliados de izquierda, según revelan fuentes cercanas a la Junta de Portavoces. El presidente interino José Jerí, ha propuesto una prórroga limitada a un año -hasta fines de 2026- para mitigar críticas internas, pero analistas señalan que el trueque real radica en el «bolsón electoral» de regiones mineras como Madre de Dios y Pataz, donde candidatos de estos partidos podrían beneficiarse de campañas financiadas por operadores informales. Esta maniobra, calificada como un «cálculo pragmático» por expertos, busca desbloquear el dictamen aprobado el 18 de noviembre en la Comisión de Energía y Minas con 17 votos a favor, reincorporando a unos 50.000 mineros excluidos por inactividad.

Las fisuras ideológicas en el bloque de derecha se profundizan con voces disidentes como Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Renovación Popular), quienes denuncian la medida como una «complicidad flagrante» con la minería ilegal que ha formalizado apenas al 2% de inscritos en 13 años, perpetuando daños ambientales y sociales en la Amazonía. No obstante, en reuniones cerradas, se pacta una versión atenuada del proyecto: inclusión de «sinceramiento» obligatorio de coordenadas mineras, exclusión de condenados por lavado de activos o trata de personas, y mayor fiscalización del Minem, a cambio de compromisos electorales explícitos de gremios como la Confemin. Rumores en el Congreso indican que congresistas de derecha habrían cambiado votos en el Pleno por promesas de apoyo en las listas cerradas para 2026, donde al menos 10 candidatos de partidos afines ya postulan con vínculos al Reinfo suspendido o sanciones por extracción ilícita. La Confiep y la SNMPE alertan que esta extensión debilita la lucha contra la ilegalidad y podría atraer sanciones de la Comunidad Andina, cuestionando si el pragmatismo electoral prima sobre principios antiformalidad.

Mientras el debate en el Pleno se posterga por la priorización del Presupuesto 2026, el Ejecutivo -aún sin posición oficial- amenaza con observar la ley si no separa «casos legítimos de ilegales», según el premier Ernesto Álvarez. Estas negociaciones exponen las contradicciones de la derecha: un ala dura que ve en la ampliación un retroceso de una década, y un oportunismo forzado por la coyuntura, donde el sector minero representa miles de votos en distritos clave. Si el pacto prospera, la norma podría aprobarse en diciembre, pero analistas prevén protestas de ambientalistas y mineros rivales si se percibe como una «venta de principios» por réditos electorales. El hemiciclo será el árbitro final de si la derecha sacrifica su discurso contra la informalidad en aras de un triunfo en las urnas del 2026.