La suspensión de las investigaciones fiscales para blindar a Dina Boluarte

La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender hasta el 2026 las investigaciones fiscales contra Dina Boluarte constituye un paso más en la consolidación de un Estado burgués al servicio de las élites económicas y políticas, y no de las mayorías populares. Lejos de ser un acto jurídico “neutral” o una defensa de la investidura presidencial, esta medida revela el verdadero funcionamiento del poder en el Perú: una justicia que no actúa como garante de derechos colectivos, sino como un mecanismo de blindaje para proteger a los gobernantes que aseguran la continuidad del modelo neoliberal y de las clases dominantes.

El Estado como aparato de dominación de clase

El Estado no es un árbitro imparcial, sino un instrumento de cohesión y dominación de la clase dirigente. El fallo del TC confirma esta premisa: se protege a Dina Boluarte no por sus méritos políticos ni por un genuino interés en la estabilidad institucional, sino porque ella representa un engranaje funcional a los intereses del gran capital, de los grupos empresariales y de las alianzas parlamentarias que sostienen el actual régimen.

Las más de 70 muertes en protestas populares, el escándalo del Rolexgate, las acusaciones por corrupción y encubrimiento son archivadas temporalmente no porque carezcan de sustento, sino porque su avance debilitaría a quien hoy garantiza la continuidad de un modelo extractivista, desigual y violento. El TC, lejos de ser un órgano de control, se convierte en correa de transmisión de la burguesía política y económica.

El blindaje como forma de “dictadura constitucional”

El artículo 117 de la Constitución, interpretado ahora como un escudo absoluto, se convierte en un instrumento de impunidad temporal. Lo que debía ser un límite preciso a las acusaciones es transformado en una “dictadura constitucional”, donde el presidente puede gobernar sin rendir cuentas mientras dure su mandato. Este blindaje no solo beneficia a Boluarte, sino que abre la puerta para que futuros mandatarios actúen bajo la misma lógica de impunidad garantizada.

La burguesía necesita estabilidad para sus negocios, no justicia social. Por eso, las instituciones se pliegan a garantizar la permanencia de un gobierno con apenas 3% de aprobación, repudiado en las calles, pero indispensable en los escritorios de banqueros, mineras y grandes corporaciones

El pueblo como víctima del pacto de impunidad

Mientras el TC suspende investigaciones, las familias de los asesinados en las protestas siguen esperando justicia. Mientras se blindan relojes de lujo y operaciones estéticas clandestinas, los barrios populares enfrentan hambre, desempleo e inseguridad. El mensaje es claro: la vida del pueblo no vale nada frente a la necesidad del sistema de proteger a sus representantes políticos.

Este blindaje profundiza la fractura entre el pueblo y sus instituciones. El descrédito del sistema no es un accidente, sino la consecuencia inevitable de un Estado que defiende privilegios de clase y reprime toda forma de organización popular.

Conclusiones

La suspensión de las investigaciones no es un hecho aislado, sino parte de un proceso más amplio. La crisis orgánica del Estado peruano ya no logra sostener ni siquiera sus formas más superficiales de legitimidad. El TC se suma al Congreso y al Ejecutivo en una alianza de mutua protección: una coalición dictatorial de las élites.

El panorama confirma que el Estado peruano no puede ser reformado desde dentro, pues está estructuralmente diseñado para sostener a los poderosos y blindar a quienes gobiernan en su nombre. La única salida real para romper este círculo de impunidad y violencia es la organización popular, la movilización social y la construcción de un poder alternativo que exprese los intereses de la clase trabajadora y de los sectores históricamente postergados.

El fallo del TC no protege a la democracia: protege al capital. Y mientras tanto, el pueblo sigue pagando con sangre, precariedad y silencio institucional la permanencia de un régimen ilegítimo.