Gabinete de Keiko Fujimori bajo la lupa: 15 ministros registran investigaciones o antecedentes

Lima, 6 de setiembre de 2026.- A poco más de un mes de iniciado el Gobierno de Keiko Fujimori, el primer gabinete enfrenta una temprana controversia por los antecedentes judiciales y fiscales declarados por sus integrantes. De los 19 ministros, alrededor de 15 han reportado investigaciones, procesos, antecedentes o cuestionamientos judiciales.

Vinelli: el caso que genera mayor preocupación

Uno de los casos más sensibles es el del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien declaró alrededor de diez investigaciones relacionadas con delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, negociación incompatible, concusión y cohecho.

El caso adquirió mayor gravedad luego de que la Fiscalía solicitara hasta cuatro años de prisión contra Vinelli por presunta colusión simple, por hechos vinculados con su gestión anterior en Agro Rural. También solicitó su inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil.

Los hechos investigados corresponden a los años 2015 y 2016, cuando Vinelli dirigía Agro Rural. No existe una condena contra el actual ministro y el proceso continúa en la vía judicial. Sin embargo, el caso plantea una interrogante política: ¿qué información tenía el Gobierno al momento de designarlo y qué evaluación realizó antes de entregarle la conducción de MIDAGRI?

Huaroc y Galarreta, entre los casos más llamativos

El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, presenta la cifra más elevada: declaró 51 investigaciones, relacionadas con presuntos delitos como abuso de autoridad, colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones y nombramiento ilegal, entre otros.

El premier Luis Galarreta también declaró investigaciones relacionadas con presunto lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal, además de antecedentes por otros hechos. Su condición de jefe del gabinete convierte su situación en un asunto particularmente relevante para evaluar los estándares aplicados por el Ejecutivo.

En Energía y Minas, Guillermo Shinno declaró alrededor de 20 investigaciones, mientras que en Producción, Juan Carlos Requejo reportó diez. En ambos casos resulta necesario revisar individualmente cada expediente para establecer cuáles permanecen abiertos y cuáles fueron archivados o concluidos.

Interior, Cultura y Educación también bajo escrutinio

El ministro del Interior, César Astudillo, declaró una investigación por presunto peculado y antecedentes por lesiones graves. A ello se suma una moción de interpelación promovida en el Congreso por cuestionamientos relacionados con la seguridad ciudadana, designaciones y decisiones vinculadas con la Policía Nacional.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, también figura entre los integrantes del gabinete con investigaciones relacionadas, según los reportes de sus declaraciones, con presunta colusión agravada, lavado de activos y cohecho.

En Educación, José Antonio Chang declaró ocho investigaciones relacionadas con diversos presuntos delitos, mientras que el titular de Trabajo, Juan Sheput, reportó investigaciones por presunto tráfico de influencias y colusión agravada.

El problema no es solo cuántas investigaciones existen

Las cifras deben interpretarse con cautela. Una investigación fiscal no equivale a una condena, y tampoco todos los expedientes declarados tienen necesariamente la misma situación procesal o gravedad. Incluso algunos pueden haber sido archivados.

El verdadero asunto que plantea esta revisión es institucional: ¿qué criterios de integridad, idoneidad y evaluación de riesgos utilizó el Gobierno de Keiko Fujimori para seleccionar a sus ministros?

Las declaraciones juradas permiten conocer los antecedentes que los propios funcionarios han reportado. Ahora corresponde determinar qué conocía el Ejecutivo antes de cada nombramiento, qué verificaciones realizó y si aplicó un estándar uniforme para todos los integrantes del gabinete.