Organizaciones de víctimas y derechos humanos rechazan ley de amnistía a militares en Perú

Lima, 9 de julio de 2025 – La reciente aprobación en segunda votación del Proyecto de Ley 7549/2023-C por la Comisión Permanente del Congreso de Perú, que otorga amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa involucrados en presuntas violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000), ha desatado una ola de indignación entre organizaciones de víctimas, afectados por el terrorismo de Estado y defensores de derechos humanos.

La norma, aprobada con 16 votos a favor y 11 en contra, beneficia a personas sin sentencia firme y a mayores de 70 años con condena, siempre que no estén vinculados a delitos de terrorismo o corrupción. Sin embargo, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Amnistía Internacional y asociaciones de víctimas y afectados han calificado la ley como un retroceso grave en la lucha por la justicia y la memoria histórica del país.

Un golpe a la justicia y la verdad

La CNDDHH advirtió que la ley podría dejar en la impunidad más de 150 sentencias y 600 procesos judiciales relacionados con crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. “Esta amnistía es una afrenta a las víctimas y sus familias, que han esperado décadas por justicia. Viola tratados internacionales y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Ana María Vidal, representante de la CNDDHH.

Violación de compromisos internacionales 

Amnistía Internacional Perú se sumó al rechazo, argumentando que la ley contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados que prohíben amnistías para crímenes de lesa humanidad. “Perú está obligado a garantizar justicia, no a perpetuar la impunidad. Esta norma pone en riesgo los avances logrados en materia de derechos humanos”, afirmó Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

Voces de las víctimas

Asociaciones de víctimas, como la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), han convocado a movilizaciones para exigir que el Ejecutivo vete la ley. “No podemos permitir que se borre la historia de dolor que vivimos. Nuestros desaparecidos merecen justicia, no olvido”, declaró Adelina García, presidenta de ANFASEP.

Mientras la ley espera la promulgación por parte del Ejecutivo, las organizaciones de derechos humanos y víctimas han anunciado acciones legales y campañas de sensibilización para presionar por su rechazo. “No descansaremos hasta que esta ley sea derogada. La memoria de las víctimas y la dignidad del país están en juego”, concluyó Vidal.

Casos emblemáticos como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, símbolos de la lucha contra la impunidad, podrían quedar afectados. “Es una traición a la memoria de nuestros seres queridos. Esta ley protege a los victimarios y reabre las heridas de quienes seguimos buscando verdad y reparación”, expresó Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de La Cantuta.