Las movilizaciones del 24 de octubre reunieron a jóvenes y organizaciones sociales que cuestionan la respuesta del Gobierno frente a la inseguridad ciudadana, las extorsiones y los incendios forestales. En Lima, la Policía impidió que la marcha avanzara por la avenida Abancay, mientras que en Arequipa los manifestantes exigieron medidas de prevención y atención a las comunidades afectadas.

Lima, 24 de octubre de 2026.- Jóvenes, estudiantes y colectivos sociales salieron a las calles el sábado 24 de octubre para expresar su rechazo a la inseguridad ciudadana, las extorsiones y lo que consideran una respuesta insuficiente del Gobierno frente a la crisis ambiental. Las protestas, vinculadas a la convocatoria de la denominada Generación Z, también incluyeron cuestionamientos políticos a Keiko Fujimori y demandas de mayor atención a los problemas que afectan a la población.

En la capital, los manifestantes se concentraron en la plaza San Martín desde las 4 de la tarde y recorrieron calles del Centro Histórico. Durante la movilización, avanzaron por vías como el jirón de la Unión y la avenida Grau, con dirección a la avenida Abancay. En ese sector, efectivos policiales impidieron que la marcha continuara hacia las inmediaciones del Congreso de la República. Los participantes expresaron su preocupación por la inseguridad y exigieron respuestas concretas de las autoridades.

La convocatoria también tuvo repercusión fuera de Lima. Reportes periodísticos mencionaron movilizaciones o convocatorias en Arequipa, Cusco, Ica, Huancayo, Trujillo, Puno y otros departamentos. Entre las principales preocupaciones estuvieron la inseguridad, la crisis ambiental y la exigencia de una mayor intervención estatal.

AREQUIPA: PROTESTA TAMBIÉN POR LOS INCENDIOS FORESTALES

En Arequipa, jóvenes vinculados a la Red de Juventudes de Arequipa (RUJA), estudiantes, familias y otros ciudadanos fueron convocados a concentrarse en la plaza España. Además de la preocupación por la inseguridad, sus demandas se centraron en la prevención de incendios forestales, la protección de la flora y fauna y la atención a las comunidades perjudicadas.

David Calizaya, identificado en los reportes periodísticos como vocero de la Generación Z en Arequipa, cuestionó la respuesta de las autoridades ante los incendios y planteó la necesidad de investigar sus causas. Entre las demandas difundidas por los organizadores figuraron la creación de una comisión investigadora en el Congreso y medidas de apoyo y reparación para las poblaciones afectadas.

JULIACA: CONTINÚAN LOS RECLAMOS POLÍTICOS Y DE JUSTICIA

En Juliaca, Puno, familiares de personas fallecidas durante las protestas de enero de 2023 y dirigentes locales expresaron el viernes 23 de octubre su rechazo a la anunciada visita de Keiko Fujimori. Según un reporte de prensa, Fujimori no acudió a la actividad prevista y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, asistió en su lugar. Este episodio refleja la continuidad de los reclamos políticos y de justicia en la región, aunque corresponde a un hecho anterior y distinto de las movilizaciones convocadas para el sábado 24.

En otras ciudades también se difundieron convocatorias y expresiones de descontento relacionadas con la inseguridad y la atención de los problemas regionales. Sin embargo, es necesario distinguir entre las marchas cuya realización fue reportada y aquellas de las que solo se difundieron anuncios previos. Tampoco corresponde atribuir automáticamente todas las protestas regionales a una misma organización.

DEMANDAS QUE EXIGEN RESPUESTAS CONCRETAS

Las movilizaciones pusieron en primer plano una agenda que combina el rechazo a la inseguridad ciudadana con la preocupación por los incendios forestales y la exigencia de una respuesta estatal más efectiva. Los participantes cuestionaron la actuación de las autoridades y reclamaron medidas que atiendan tanto las necesidades de Lima como las de las regiones.

El desarrollo de estas protestas plantea al Gobierno el reto de responder a las demandas ciudadanas mediante acciones verificables, transparencia y diálogo, respetando el derecho a la manifestación pacífica. La dimensión nacional de la jornada deberá precisarse con información local y balances oficiales que permitan establecer la participación y las incidencias registradas en cada ciudad.

El Poder Judicial rechazó revisar la medida que mantiene encarcelado al expresidente por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda. La prisión preventiva prolongada por 12 meses continúa vigente hasta marzo de 2027.

Lima, 23 de octubre de 2026.- El Poder Judicial declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva impuesta al expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por los presuntos delitos de organización criminal agravada, colusión simple y tráfico de influencias agravado, en el marco de las investigaciones acumuladas por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante la Resolución N.° 8, emitida el 16 de octubre. El magistrado dispuso mantener vigente la medida coercitiva y la prolongación de 12 meses, que se extiende hasta el 8 de marzo de 2027.

¿Por qué se mantiene la prisión preventiva?

Según la resolución judicial, todavía subsisten los presupuestos que justificaron la prisión preventiva y su posterior prolongación. El juzgado consideró que la continuidad de la medida resulta necesaria y proporcional para garantizar el desarrollo de la investigación y la eficacia de una eventual decisión judicial.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que los nuevos elementos incorporados a la investigación, entre ellos declaraciones, documentos y pericias, reforzarían la hipótesis fiscal sobre la presunta existencia de una organización criminal y la participación atribuida al exmandatario. Estas imputaciones deberán ser evaluadas en el proceso penal y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

Los casos bajo investigación

La investigación comprende presuntos hechos vinculados a Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La hipótesis fiscal atribuye a Castillo una presunta participación en una estructura que habría buscado influir en decisiones y contrataciones públicas mediante el control de puestos estratégicos en entidades estatales. La responsabilidad penal del expresidente deberá determinarse conforme a las pruebas y las garantías del proceso.

Por su parte, la defensa cuestionó la continuidad de la privación de libertad y solicitó sustituirla por una medida menos gravosa, invocando los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. El juzgado desestimó la revisión de oficio, por lo que la situación jurídica de Castillo no cambió en este expediente.

¿Qué viene ahora?

La resolución mantiene la prisión preventiva, pero no resuelve de manera definitiva la responsabilidad penal de Pedro Castillo por los hechos investigados. El proceso continúa bajo control judicial y fiscal, mientras la defensa conserva las vías procesales que correspondan para cuestionar las decisiones que afecten al investigado.

El caso vuelve a poner en el centro del debate público el control judicial de las medidas que restringen la libertad y la investigación de presuntos actos de corrupción en el Estado. La exigencia es doble: esclarecer los hechos que comprometen recursos públicos y garantizar que toda decisión judicial respete el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales.

Saludos de Juntos por el Perú y un acto simbólico en Puno marcaron el onomástico del expresidente, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. Sus simpatizantes volvieron a reclamar su libertad.

Lima, 19 de octubre de 2026.- El expresidente Pedro Castillo Terrones cumple 57 años este lunes mientras permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate. La fecha motivó mensajes de solidaridad de representantes de Juntos por el Perú y una actividad simbólica de simpatizantes en Puno, con pedidos de libertad y reencuentro con su familia.

La bancada de Diputados de Juntos por el Perú envió un saludo de cumpleaños en el que destacó la trayectoria de Castillo desde el interior del país y expresó su deseo de que recupere la libertad y vuelva a encontrarse con su familia y el pueblo.

El senador Iber Maraví y la ex congresista Margot Palacios, ambos ayacuchanos y de conocida cercanía con el ex presidente, también difundieron felicitaciones públicas. Ambos calificaron a Castillo como «preso político», expresión que refleja su posición política y no una calificación judicial acreditada.

Los pronunciamientos evidencian que sectores vinculados a Juntos por el Perú y a organizaciones afines mantienen el reclamo de libertad como una de sus principales banderas políticas.

Puno: música y torta junto al Titicaca

En Puno, dirigentes de colectivos civiles realizaron un acto simbólico a orillas del lago Titicaca. La actividad incluyó música y una torta de cumpleaños, en una expresión de respaldo que sus participantes relacionaron con la resistencia política de Castillo.

Las manifestaciones se suman a otras celebraciones organizadas por simpatizantes en años anteriores. En octubre de 2024, por ejemplo, seguidores del exmandatario se congregaron en los exteriores del penal de Barbadillo para celebrar su cumpleaños y exigir su liberación.

El reclamo político y la situación judicial

Castillo permanece recluido por el proceso penal relacionado con los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y medidas sobre el sistema de justicia. Su situación judicial constituye el contexto central de los pedidos de libertad difundidos por sus seguidores.

A sus 57 años, el exmandatario continúa generando expresiones de apoyo entre sectores de izquierda y simpatizantes que cuestionan su encarcelamiento. El debate sobre su situación exige distinguir los reclamos políticos de sus partidarios de las decisiones que corresponden a las autoridades judiciales.