Congreso virtual sobre terrorismo organizado por sectores liberal-conservadores genera cuestionamientos por su sesgo político

Lima, 23 de mayo de 2026. A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la organización Resistimos con Esperanza (RCE) ha convocado el I Congreso Nacional “Historia del Terrorismo en el Perú: Memoria para el Futuro”, programado para los días 27 y 28 de mayo en formato virtual. El evento, desarrollado con el respaldo del Instituto de Estudios Americanos–CEU CEFAS, se presenta como un espacio de reflexión histórica sobre la violencia terrorista. Sin embargo, la composición de sus expositores y el contexto político en el que se realiza han despertado interrogantes sobre su carácter académico y su eventual utilización como plataforma de intervención en el debate electoral.

El momento elegido para la realización del congreso resulta especialmente significativo. La memoria del terrorismo ha sido uno de los pilares narrativos más importantes del fujimorismo desde la captura de Abimael Guzmán en 1992 y continúa siendo un recurso recurrente en las campañas de Fuerza Popular. En ese escenario, la participación de figuras estrechamente vinculadas a ese espacio político dificulta interpretar el encuentro como una iniciativa neutral. Aunque la organización no registra vínculos partidarios formales, su entorno institucional y mediático mantiene afinidades evidentes con sectores liberal-conservadores que respaldan la candidatura de Keiko Fujimori.

Entre los principales expositores destaca Marco Miyashiro, exjefe del GEIN y protagonista de la operación que condujo a la captura de Guzmán. Su trayectoria profesional le otorga una autoridad indiscutible para abordar el tema; sin embargo, su condición de senador electo por Fuerza Popular para el período 2026-2031 introduce un elemento político imposible de ignorar. A ello se suma la participación del periodista y escritor Víctor Andrés Ponce, director de opinión asociado al medio digital El Montonero y una de las voces más visibles del pensamiento liberal-conservador peruano, quien expondrá sobre la influencia del marxismo en la academia, la educación y la política nacional.

La dimensión ideológica del evento también se expresa en la presencia de la española María San Gil, exdirigente del Partido Popular vasco y reconocida figura del movimiento antiterrorista en España. Su inclusión proyecta el congreso hacia una narrativa internacional que vincula las experiencias de ETA y Sendero Luminoso con los debates contemporáneos sobre la izquierda política en Iberoamérica, una interpretación frecuente en los círculos conservadores transnacionales. Junto a ella participan militares y policías en retiro, analistas de seguridad, víctimas de Sendero Luminoso y representantes de instituciones vinculadas a la lucha contrasubversiva.

No obstante, el aspecto más llamativo del programa es la ausencia de voces que permitan una mirada plural sobre el conflicto armado interno. No figuran investigadores asociados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), académicos especializados de universidades como la PUCP o San Marcos, ni representantes de organizaciones de derechos humanos que durante décadas han documentado violaciones cometidas por agentes del Estado. Tampoco participan representantes de las comunidades andinas más afectadas por la violencia, particularmente de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín, regiones que concentraron gran parte de las víctimas del conflicto.

Estas omisiones adquieren relevancia porque la propia CVR concluyó que cerca de un tercio de las víctimas mortales del conflicto fueron consecuencia de acciones perpetradas por fuerzas estatales o grupos paramilitares. Sin embargo, ninguna de las ponencias programadas aborda de manera específica esa dimensión de la violencia. Las víctimas convocadas al evento representan experiencias legítimas y valiosas, pero corresponden únicamente a quienes sufrieron directamente los ataques de Sendero Luminoso, dejando fuera a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos atribuidas al Estado.

No existe evidencia que permita afirmar que el congreso forme parte de una estrategia electoral coordinada con Fuerza Popular. Sin embargo, la coincidencia temporal con la campaña presidencial, la presencia de dirigentes y representantes vinculados al partido, la afinidad ideológica de los organizadores y la exclusión sistemática de perspectivas divergentes justifican un examen crítico de su propuesta. Más que ofrecer una visión integral de la historia del terrorismo en el Perú, el evento parece presentar una interpretación específica y políticamente situada de un período complejo y doloroso cuya comprensión exige incorporar todas las voces involucradas.