Renovación Popular recibió financiamiento ilegal de Odebrecht y OAS

El partido Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, enfrenta serias acusaciones por presunto financiamiento ilegal en campañas electorales de la extinta Solidaridad Nacional, según el fiscal José Domingo Pérez. La Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato solicita incluir al partido como tercero civil responsable, exigiendo una reparación civil de US$238 millones por lavado de activos. Las investigaciones señalan que Solidaridad Nacional, ahora Renovación Popular, habría recibido US$200,000 en 2011 y US$500,000 en 2014 de Odebrecht, además de US$480,000 de OAS en 2014, para la campaña municipal de Luis Castañeda Lossio.

Renovación Popular, fundado en 2020 por López Aliaga, rechaza las acusaciones, argumentando que no existía como partido en las fechas señaladas y niega vínculos con exmilitantes de Solidaridad Nacional investigados, como José Luna Gálvez. En un comunicado, el partido calificó las afirmaciones del fiscal como “falsas e infundadas”, exigiendo el cese de lo que consideran un uso indebido del cargo para desprestigiarlos. Sin embargo, la continuidad jurídica entre ambos partidos mantiene a Renovación Popular bajo escrutinio, mientras el Poder Judicial evalúa su responsabilidad en el caso.

Por si fuera poco, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuestionó en 2024 el uso indebido de fondos públicos por parte de Renovación Popular, incluyendo pagos para promocionar la imagen de López Aliaga en TikTok y asesorías legales ligadas a investigaciones por lavado de activos. Estas irregularidades podrían derivar en sanciones administrativas, intensificando la controversia en torno al partido. Mientras el caso avanza, el debate sobre la transparencia en el financiamiento político en Perú se reaviva, poniendo presión sobre una de las fuerzas políticas más visibles del país.