Bogotá, 16 de agosto de 2026.- Un video de la visita del presidente colombiano Abelardo de la Espriella al municipio de El Cairo, en el Valle del Cauca, desató una nueva controversia en medio de la tragedia provocada por el terremoto del 10 de agosto. En las imágenes se escucha a un hombre decir “manos arriba, manos arriba” segundos antes de que el mandatario descienda de su vehículo y sea recibido por un grupo de personas.

La escena fue interpretada por sectores de la oposición y usuarios de redes sociales como una posible puesta en escena para mostrar respaldo popular al presidente. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia concluyente que permita afirmar que el recibimiento haya sido preparado. Incluso otro video, difundido desde un ángulo diferente por la Alcaldía de El Cairo, muestra la llegada del mandatario y la presencia de un grupo numeroso de habitantes.

El episodio resulta especialmente sensible porque De la Espriella enfrenta su primera gran crisis de gobierno apenas días después de asumir el poder. El terremoto de magnitud 7,4 dejó cientos de muertos, miles de heridos y una enorme destrucción en el occidente colombiano, obligando al nuevo mandatario a desplazar a su gabinete hacia las zonas más afectadas.

La controversia política no se limita al video. El nuevo gobierno ha sido cuestionado por no haber realizado un proceso de empalme con la administración de Gustavo Petro, lo que provocó que Javier Pava, funcionario que había sido designado durante el gobierno anterior, permaneciera al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuando ocurrió el terremoto.

La situación se complicó por la polémica sobre la ayuda internacional. Pava envió una comunicación a la Cancillería en la que señaló inicialmente que no era necesario activar equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate, argumentando que Colombia disponía de capacidades nacionales suficientes. Posteriormente defendió su actuación y sostuvo que sí se evaluaron y aceptaron determinados ofrecimientos internacionales.

La discusión tampoco significa que Colombia haya rechazado toda cooperación extranjera. México, por ejemplo, envió seis vuelos con 58 toneladas de alimentos, cuatro toneladas de insumos médicos y 2.562 despensas. Perú también movilizó ayuda y anunció el envío de rescatistas, mientras otros países ofrecieron equipos y suministros.

El punto más cuestionado fue la demora y las condiciones para aceptar equipos internacionales especializados en rescate, en momentos en que las primeras 72 horas eran consideradas críticas para encontrar sobrevivientes. La controversia aumentó después de que la ONU confirmara que el 11 de agosto todavía no había recibido una solicitud oficial de asistencia de Bogotá.

Mientras la discusión política crece, la dimensión de la tragedia sigue siendo enorme. Al 15 de agosto, la UNGRD reportaba 289 fallecidos, 143 desaparecidos, 3.937 heridos y más de 54.300 familias afectadas, además de 14.705 viviendas destruidas en Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.

El video de El Cairo, por tanto, abre una pregunta incómoda sobre la comunicación política de un gobierno que enfrenta su primera emergencia nacional: ¿se trata de un recibimiento espontáneo o de una escena preparada para proyectar respaldo al presidente? Por ahora, lo comprobado es que la frase “manos arriba” quedó registrada antes de su aparición y que la escena generó cuestionamientos; demostrar que hubo montaje requeriría evidencia adicional.

Bogotá, 7 de agosto de 2026.– Gustavo Petro culmina hoy su mandato presidencial dejando un legado social que redefine el rumbo de Colombia. Con cifras históricas en reducción de pobreza, desempleo y expansión de derechos, su gobierno demostró que un Estado activo frente a la desigualdad no solo es posible, sino transformador. El primer mandatario de izquierda del país deja una nación con menos millones de colombianos en la indigencia y más oportunidades para quienes históricamente quedaron al margen.

Los números respaldan el cambio. La pobreza monetaria se redujo del 36,6 % en 2022 al 28 % en 2025, sacando a cerca de 1,8 millones de personas de esa condición en el último año medido. La extrema pobreza también cedió terreno hasta el 9,6 %. En el mercado laboral, el desempleo anual cerró en 8,9 % en 2025 —el nivel más bajo desde 2001— y en junio de 2026 alcanzó el 8 %, abriendo un horizonte de estabilidad que muchos colombianos no habían conocido en décadas.

La recuperación del ingreso laboral fue otro pilar fundamental. El salario mínimo ascendió de un millón a 1.423.500 pesos, mientras que la Ley 2466 de 2025 modernizó los derechos laborales al regular jornadas, recargos y contratos de aprendizaje. Estas reformas no solo mejoraron el bolsillo de los trabajadores, sino que sentaron las bases para una economía más inclusiva y con mayor formalidad en los años venideros.

En salud, el giro hacia la prevención marcó la diferencia. Con una inversión de 4,1 billones de pesos, el Gobierno desplegó 10.850 Equipos Básicos de Salud que atendieron a más de 5,5 millones de familias. El resultado fue una reducción de hasta el 55,5 % en la mortalidad por desnutrición, una cifra que traduce políticas públicas en vidas salvadas, especialmente en los territorios más vulnerables del país.

La educación superior dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho amplio. El Ministerio de Educación reportó 425.096 nuevos estudiantes en pregrados públicos, alcanzando el 85 % de la meta de 500.000 cupos. Con el 97 % de ellos cubiertos por la gratuidad, miles de jóvenes de sectores populares y regiones históricamente excluidas accedieron por primera vez a una carrera universitaria, rompiendo cadenas de reproducción de la pobreza.

El campo colombiano también vivió una transformación sin precedentes. Más de 2,28 millones de hectáreas fueron formalizadas y 351.000 entregadas a campesinos, mientras que 806.081 hectáreas se incorporaron al Fondo de Tierras. Este proceso de reforma agraria, el más ambicioso en décadas, devolvió esperanza a comunidades rurales que ahora ven en la tierra no solo un sustento, sino un proyecto de vida digna.

La protección social se extendió con fuerza hacia los adultos mayores. A través de Colombia Mayor, tres millones de personas en situación de vulnerabilidad comenzaron a recibir una transferencia de 230.000 pesos, un ingreso que, aunque no reemplaza una pensión contributiva, representa un colchón de dignidad para quienes construyeron el país sin seguridad social. Es el reconocimiento tangible de que nadie debe envejecer en la indigencia.

Más allá de las estadísticas, el gobierno de Petro logró un cambio cultural: instaló en el centro del debate nacional a los trabajadores informales, los campesinos, los jóvenes de bajos recursos y los territorios olvidados. La desigualdad, la redistribución y el rol del Estado como garante de derechos pasaron de ser discursos marginales a ejes de una agenda que ya no puede ignorarse. Colombia descubrió que otro modelo de desarrollo es posible.

Quedan, claro está, desafíos por delante: la consolidación de la paz, la sostenibilidad fiscal y la profundización del empleo formal requerirán años de esfuerzo colectivo. Pero la semilla está sembrada. El legado de estos cuatro años no se mide solo en puntos porcentuales; se mide en la esperanza de millones de colombianos que hoy miran el futuro con mayor optimismo. Y esa esperanza, en democracia, es el cambio más profundo de todos.

Lima, 4 de agosto 2026.- El Congreso de la República avanzó en la conformación de sus comisiones para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, luego de que las Juntas de Portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados aprobaran la distribución proporcional de sus integrantes entre las seis bancadas con representación parlamentaria. Los acuerdos, adoptados el 4 de agosto, deberán ser ratificados por los respectivos plenos antes de iniciar formalmente el trabajo legislativo.

La distribución se sustenta en la composición política surgida de las elecciones generales de 2026. En el Senado, Fuerza Popular cuenta con 22 de los 60 escaños, seguida por Juntos por el Perú con 14, Renovación Popular con 8, Partido del Buen Gobierno con 7, Partido Cívico Obras con 5 y Ahora Nación con 4. En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular posee 41 de los 130 curules, Juntos por el Perú 32, Partido del Buen Gobierno 18, Renovación Popular 15, Partido Cívico Obras 14 y Ahora Nación 10. Ninguna bancada alcanza mayoría absoluta, por lo que los acuerdos dependerán de negociaciones y alianzas entre grupos parlamentarios.

El Senado estará conformado por siete comisiones ordinarias, cada una integrada por 12 miembros con una distribución fija: cuatro representantes de Fuerza Popular, tres de Juntos por el Perú, dos de Renovación Popular y un representante de cada una de las otras tres bancadas. Entre ellas destacan Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Justicia y Derechos Humanos; y Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.

En la Cámara de Diputados se instalarán 16 comisiones ordinarias. Siete tendrán 26 integrantes, entre ellas Constitución, Economía, Justicia e Infraestructura; mientras que las nueve restantes estarán conformadas por 20 miembros, incluyendo Desarrollo Agrario, Energía y Minas, Salud, Trabajo, Producción y Ciencia e Innovación Tecnológica. También quedaron definidas las comisiones especiales, como Acusaciones Constitucionales y Ética Parlamentaria, esta última integrada por un representante de cada bancada.

Aunque la proporcionalidad de las comisiones ya fue acordada, aún falta definir la integración nominal de titulares y suplentes, así como la elección de presidentes, vicepresidentes y secretarios de cada grupo de trabajo. Estas designaciones representan la etapa de mayor negociación política, pues las presidencias de comisiones estratégicas como Constitución, Economía, Justicia y Fiscalización suelen concentrar la mayor influencia en la agenda legislativa.

La conformación de las comisiones marcará el equilibrio de poder dentro del primer Congreso bicameral instalado tras la reforma constitucional. Si bien Fuerza Popular parte como la primera fuerza parlamentaria, la ausencia de una mayoría absoluta obliga a construir consensos con otras bancadas para conducir las comisiones más relevantes y asegurar la viabilidad de las iniciativas legislativas durante el periodo 2026-2027.