Tribunal Constitucional fujimorista anula parcialmente condena de Vladimir Cerrón por el caso Aeródromo Wanka

En un fallo sorpresivo que ha sacudido el ámbito político y judicial peruano, el Tribunal Constitucional (TC) decidió anular parcialmente la condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva impuesta a Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, por el caso Aeródromo Wanka. La sentencia, que fue emitida el 6 de octubre de 2023 y desde entonces mantuvo a Cerrón prófugo de la justicia, ha sido revisada tras el recurso de habeas corpus presentado por su defensa. El TC, por mayoría, consideró que la Sala de Apelaciones de Junín vulneró el derecho a la debida motivación en la resolución que le impuso la pena de prisión.

En su fallo, los magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández votaron a favor de la nulidad de la sentencia, mientras que Luz Pacheco, César Ochoa y Manuel Monteagudo emitieron voto en contra. La resolución destacó que la Sala de Apelaciones no especificó si el delito de colusión simple por el que Cerrón fue condenado era un delito instantáneo, continuado o permanente, lo cual es crucial para determinar el plazo de prescripción de la acción penal.

Con esta decisión, el TC ordenó a la Sala de Apelaciones de Junín emitir un nuevo pronunciamiento en el que se evalúe si el proceso penal sigue vigente o si, por el contrario, ha prescrito debido al paso del tiempo. Esta determinación abre un nuevo escenario jurídico, ya que el caso está siendo revisado por la Corte Suprema en la fase de casación. El TC reconoció, sin embargo, que el recurso de habeas corpus debió ser declarado improcedente, debido a que la sentencia de la Sala de Apelaciones aún no es firme. A pesar de ello, los magistrados argumentaron que la demora de casi un año en la admisión de la casación por parte de la Corte Suprema constituye una «dilación indebida», lo que les otorgó competencia para resolver el recurso constitucional.

Uno de los aspectos más controversiales de este fallo es la aplicación de la Ley 31751, conocida como Ley Soto, que suspende la prescripción de ciertos delitos por un año. Durante la condena inicial, la Sala de Apelaciones de Junín consideró que el delito de colusión simple de Cerrón no había prescrito, ya que la fecha límite para su prescripción sería en junio de 2024, tras la inclusión del año de suspensión. Sin embargo, la Corte Suprema, al publicar un acuerdo plenario que considera inconstitucional esta ley, ha generado incertidumbre sobre su aplicación en el caso Cerrón. Si se rechaza la Ley Soto, la prescripción del delito se extendería hasta 2031 o 2032, lo que podría modificar el rumbo del proceso judicial.

La decisión del Tribunal Constitucional tiene una fuerte carga política. Cerrón, como líder de Perú Libre, ha sido un personaje clave en el escenario político del país, particularmente durante el gobierno de Pedro Castillo, pero mucho más luego de la asunción ilegal e ilegítima de Dina Boluarte, a quien pareciera haberla incumbrado, porque desde el inicio lo apoyó tácticamente a través de su hermano Waldemar Cerrón que lidera el «cerronismo»y de vez en cuando torpedea en temas poco relevantes. La relación del TC con la derecha política liderada por el fujimorismo y las declaraciones de apoyo de figuras vinculadas a esta corriente han generado sospechas sobre la independencia del poder judicial y las posibles alianzas políticas que podrían influir en los fallos judiciales.

Algunos analistas han expresado su preocupación por lo que consideran una posible interferencia en el sistema judicial, lo que debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones. “Este tipo de decisiones generan un peligroso precedente en la lucha contra la corrupción”, afirmaron diversos observadores. No obstante, los seguidores de Cerrón han interpretado el fallo como una victoria frente a lo que consideran una «persecución política». En sus redes sociales, Cerrón inexplicablemente celebró el resultado del recurso, destacando al TC como “la reserva moral de la justicia peruana”, porque siempre ha dicho que el TC es un instrumento del sistema que lo perseguía a líderes de la izquierda y fallaba en contra del pueblo, sin embargo, parece que ahora efectivamente él es parte del sistema o por lo menos actualmente es amigo de ellos y obviamente tiene el derecho de gozar de estos privilegios navideños.

Ahora, el futuro del caso Aeródromo Wanka dependerá de dos factores: el nuevo pronunciamiento de la Sala de Apelaciones de Junín y la decisión final de la Corte Suprema sobre la casación. Si la Sala de Apelaciones determina que el proceso ha prescrito, el caso se archivaría, pero si se concluye que sigue vigente, el juicio contra Cerrón podría reanudarse.
Futuro incierto de Cerrón.

La situación jurídica y política de Vladimir Cerrón sigue siendo incierta. Lo que está claro es que este fallo del TC ha puesto de relieve las tensiones entre los diferentes poderes del Estado, además de la polarización que existe en torno a la figura del exgobernador de Junín, que continúa siendo una pieza clave en las decisiones de la mesa directiva del Congreso donde su hermano mayor es vicepresidente y la relación con Palacio de Gobierno que habría encubierto su ubicación y detención por la sentencia del caso aeródromo Wanka.

Recordar que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, por el delito de colusión agravada, relacionado con el caso Antalsis. La medida será efectiva en los próximos meses, según lo informado por el Poder Judicial a través de sus canales oficiales. Cerrón es investigado por su presunta participación en una organización criminal encabezada por Martín Belaunde Lossio, responsable de defraudar al Estado con más de 26 millones de soles. La acusación sostiene que, durante su gestión entre 2011 y 2014, Cerrón facilitó contrataciones irregulares para obras públicas mediante un convenio con la empresa SIMA, la cual subcontrató a Antalsis, la empresa privada involucrada en el fraude.