Los que perderían con los resultados de segunda vuelta en el Perú

Una eventual victoria ajustada de Roberto Sánchez no solo significaría un cambio de gobierno; abriría una disputa más amplia sobre la redistribución del poder político, económico y territorial en el Perú. Las elecciones no solo eligen presidentes: también modifican relaciones de influencia, acceso al Estado y capacidad para definir prioridades nacionales. Sin embargo, una victoria estrecha también plantea una pregunta incómoda: ¿realmente habría una transformación del modelo o solo un reacomodo de actores?

En el plano político y económico, algunos sectores podrían perder centralidad relativa. Liderazgos como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga o César Acuña y organizaciones como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso o sectores vinculados a espacios conservadores podrían ver reducida parte de su capacidad de negociación política. Lo mismo podría ocurrir con actores tradicionalmente cercanos a los espacios de decisión estatal, entre ellos determinados gremios empresariales como la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía o sectores financieros acostumbrados a un marco político y económico altamente predecible. No se trataría necesariamente de una pérdida de patrimonio o desaparición política, sino de una eventual reducción de influencia directa.

También podrían perder peso algunos sectores tecnocráticos y redes profesionales que han permanecido de manera recurrente en distintos gobiernos. En el debate político peruano, parte de estos grupos han sido llamados por sus críticos “caviares”: funcionarios, asesores, consultores, especialistas y operadores con presencia continua en ministerios, organismos públicos, cooperación internacional y espacios de diseño de políticas. Sus detractores sostienen que terminaron administrando una continuidad técnica del modelo económico y político; sus defensores responden que representan experiencia institucional y estabilidad estatal.

Pero quizá la pregunta más importante no sea quién podría perder, sino qué esperan quienes hicieron posible el crecimiento político de Roberto Sánchez. Su respaldo más fuerte provino del sur andino, el centro del país, la Amazonía y parte del norte peruano, territorios donde históricamente se acumularon demandas económicas, sociales y políticas que van más allá de una simple alternancia presidencial.

En sectores importantes de estas regiones existen expectativas que trascienden mejoras administrativas: la liberación o reivindicación política de Pedro Castillo, una nueva Constitución, educación y salud públicas gratuitas y de calidad, mayor presencia estatal, recuperación o mayor control nacional sobre recursos naturales estratégicos, redistribución de la riqueza generada en los territorios y una descentralización real del poder político y financiero concentrado históricamente en Lima. Para muchos de estos ciudadanos, el problema no es únicamente la pobreza; es también la percepción de exclusión de las decisiones nacionales.

Sin embargo, aparece una contradicción inevitable. Una victoria estrecha, un Congreso fragmentado y la presencia de ex ministros, ex funcionarios y perfiles técnicos provenientes de administraciones anteriores dentro de un eventual equipo de gobierno podrían reducir significativamente el margen para impulsar cambios estructurales. La historia política peruana muestra que los grupos económicos, financieros y tecnocráticos rara vez desaparecen; suelen adaptarse, negociar y sobrevivir a distintos gobiernos.

La paradoja es que los sectores con mayor poder acumulado probablemente encontrarán mecanismos para reacomodarse al nuevo escenario. Quienes podrían arriesgar más son aquellos ciudadanos que depositaron en esta elección una expectativa de transformación profunda. Porque si las estructuras centrales permanecen casi intactas, la mayor pérdida no sería de privilegios ni de poder económico: sería la pérdida de una nueva oportunidad histórica de cambio.