Juliaca conmemora tres años de la masacre del 9 de enero con marchas, misas y exigencia de justicia

Juliana, 9 de enero 2026.- La ciudad de Juliaca (Puno) se convirtió nuevamente en un espacio de memoria, duelo y reclamo colectivo al cumplirse tres años de la masacre que dejó 18 civiles fallecidos —incluyendo tres menores— y decenas de heridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Familiares de las víctimas, organizaciones sociales de las 13 provincias puneñas y delegaciones de otras regiones como Ayacucho, Apurímac y Cusco encabezaron una jornada marcada por actos cívicos, religiosos y movilizaciones pacíficas.

La conmemoración inició temprano con una misa de honor en el Templo Pueblo de Dios, donde la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, estuvo presente y recibió directamente el clamor de los deudos. Ellos exigieron celeridad en las investigaciones y sanción ejemplar para los responsables de la represión policial y militar. Posteriormente, se realizó una marcha simbólica por las calles donde ocurrieron los hechos, incluyendo el óvalo del bypass y la zona cercana al aeropuerto Inca Manco Cápac. Entre las actividades destacaron un paseo fúnebre con féretros simbólicos portados por las familias, como gesto de recordación y denuncia.

Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero y hermano de una de las víctimas (el médico Marco Antonio Samillán), fue una de las voces más escuchadas durante la jornada. Denunció un “pacto de impunidad” entre instituciones del Estado y criticó que, mientras las familias sufren la pérdida irreversible, los implicados en la represión han recibido ascensos y bonos. “Nos han destruido la vida, nos niegan la justicia, pero a los que mataron a nuestros familiares los han premiado”, afirmó Samillán, quien subrayó que la lucha trasciende Juliaca y une a víctimas de todo el país bajo el calificativo de “gobierno genocida” de Boluarte.

Los mensajes centrales de la jornada reiteraron consignas como “Juliaca no se olvida”, “Ni perdón ni olvido”, “Puno sí es el Perú” y “No a la impunidad”. Los participantes rechazaron cualquier intento de capitalización política por parte de candidatos electorales y anunciaron posibles medidas de fuerza adicionales, como marchas de sacrificio a Lima o huelgas de hambre, ante el desmantelamiento de equipos fiscales especiales que investigan los casos. La memoria se mantuvo viva también con expresiones culturales, como música tradicional y exposiciones, en medio de denuncias por censura a documentales como Uyariy, que abordan la tragedia.

Tres años después, las familias de las víctimas y la población puneña reafirman que la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral no cesará. La jornada concluyó con un llamado unitario a la solidaridad nacional e internacional, recordando que la impunidad en estos hechos no solo afecta a Puno, sino que cuestiona la democracia y los derechos humanos en todo el Perú.