El hermano de Dina Boluarte, Nicanor, fuga tras orden de prisión preventiva

Lima, 21 de noviembre de 2024 – Un nuevo escándalo de corrupción golpea al ya debilitado gobierno de Dina Boluarte. Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, se convirtió en prófugo de la justicia luego de que un juez dictara el martes pasado una orden de prisión preventiva de tres años en su contra, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

La medida fue adoptada dentro del marco de una investigación fiscal sobre su presunta participación en una red ilegal conocida como “los waykis (hermanos en quechua) en la sombra”, acusada de nombrar funcionarios públicos a cambio de pagos y utilizar recursos estatales para recoger firmas y crear un partido político.

Aunque Nicanor Boluarte no ocupa un cargo público formal, es señalado como una figura clave dentro de la estructura de poder del gobierno, con una gran influencia sobre los nombramientos de funcionarios.

Hasta el momento, la presidenta Dina Boluarte no ha emitido ninguna declaración sobre la fuga de su hermano ni sobre la orden judicial en su contra. Anteriormente, la mandataria defendió públicamente a Nicanor, descalificando las acusaciones de corrupción que recaen sobre él. La evasión de la justicia, que hasta ahora ha dejado a Nicanor Boluarte en paradero desconocido, ha encendido las alarmas sobre posibles protecciones políticas desde el más alto nivel del gobierno.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó que la policía tiene instrucciones de cumplir con la orden de captura, pero existe escepticismo sobre la efectividad de la búsqueda, dado que el propio Santiváñez ha sido objeto de fuertes críticas por presuntas obstrucciones a las investigaciones de corrupción en el entorno presidencial. “La sensación general es que el gobierno está protegiendo a Nicanor Boluarte”, afirmó el exministro de Trabajo, Juan Sheput, quien calificó al actual premier, Gustavo Adrianzén, como el «escudero» del hermano de la presidenta.

Por su parte, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se refirió a la decisión judicial como “politizada” sin ofrecer mayores argumentos. Además, justificó la fuga de Nicanor Boluarte, argumentando que “es una decisión personal” y que la medida afecta su derecho a la libertad.

Este nuevo escándalo llega en un momento crítico para la administración de Dina Boluarte, cuyo gobierno atraviesa una grave crisis de legitimidad. Según el más reciente sondeo de la encuesta Datum, la aprobación de la presidenta ha caído a un mínimo histórico de apenas 3%, un récord negativo que refleja el creciente descontento de la ciudadanía con su gestión, marcada por escándalos de corrupción, la crisis económica y los conflictos sociales.

El congresista Roberto Sánchez, quien fue ministro en el gobierno de Pedro Castillo y compartió gabinete con Boluarte, también se pronunció sobre la situación, señalando que la evasión de la justicia de Nicanor Boluarte es “lamentable” y advirtió sobre la protección que el gobierno parece brindar a su familia. “Es evidente que existe un blindaje”, expresó.

Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha optado por no hacer comentarios directos sobre la fuga de Nicanor, aludiendo a la imparcialidad que debe caracterizar la justicia y respetando el debido proceso. Sin embargo, Maurate hizo un llamado generalizado para que se respeten los derechos fundamentales de todos los peruanos, aunque no abordó específicamente la situación del hermano de la presidenta.

El caso de Nicanor Boluarte es solo el último en una serie de escándalos de corrupción que han socavado aún más la imagen del gobierno de Dina Boluarte, quien enfrenta presiones tanto internas como internacionales. La fuga de su hermano, sumada a la crisis de gobernabilidad y a la creciente desaprobación popular, ha dejado al ejecutivo en una situación aún más precaria. Las próximas semanas serán claves para determinar si la justicia logrará dar con el paradero de Nicanor Boluarte, y si el gobierno será capaz de superar este nuevo desafío político y social.