Sorprendente, el escenario político en Perú se ve sacudido por la detención preliminar del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, acusado de presunta participación en una organización criminal. Esta medida,…
Política
El hermano de Dina Boluarte, Nicanor, fuga tras orden de prisión preventiva

Lima, 21 de noviembre de 2024 – Un nuevo escándalo de corrupción golpea al ya debilitado gobierno de Dina Boluarte. Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, se convirtió en prófugo de la justicia luego de que un juez dictara el martes pasado una orden de prisión preventiva de tres años en su contra, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
La medida fue adoptada dentro del marco de una investigación fiscal sobre su presunta participación en una red ilegal conocida como “los waykis (hermanos en quechua) en la sombra”, acusada de nombrar funcionarios públicos a cambio de pagos y utilizar recursos estatales para recoger firmas y crear un partido político.
Aunque Nicanor Boluarte no ocupa un cargo público formal, es señalado como una figura clave dentro de la estructura de poder del gobierno, con una gran influencia sobre los nombramientos de funcionarios.
Hasta el momento, la presidenta Dina Boluarte no ha emitido ninguna declaración sobre la fuga de su hermano ni sobre la orden judicial en su contra. Anteriormente, la mandataria defendió públicamente a Nicanor, descalificando las acusaciones de corrupción que recaen sobre él. La evasión de la justicia, que hasta ahora ha dejado a Nicanor Boluarte en paradero desconocido, ha encendido las alarmas sobre posibles protecciones políticas desde el más alto nivel del gobierno.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó que la policía tiene instrucciones de cumplir con la orden de captura, pero existe escepticismo sobre la efectividad de la búsqueda, dado que el propio Santiváñez ha sido objeto de fuertes críticas por presuntas obstrucciones a las investigaciones de corrupción en el entorno presidencial. “La sensación general es que el gobierno está protegiendo a Nicanor Boluarte”, afirmó el exministro de Trabajo, Juan Sheput, quien calificó al actual premier, Gustavo Adrianzén, como el «escudero» del hermano de la presidenta.

Por su parte, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se refirió a la decisión judicial como “politizada” sin ofrecer mayores argumentos. Además, justificó la fuga de Nicanor Boluarte, argumentando que “es una decisión personal” y que la medida afecta su derecho a la libertad.
Este nuevo escándalo llega en un momento crítico para la administración de Dina Boluarte, cuyo gobierno atraviesa una grave crisis de legitimidad. Según el más reciente sondeo de la encuesta Datum, la aprobación de la presidenta ha caído a un mínimo histórico de apenas 3%, un récord negativo que refleja el creciente descontento de la ciudadanía con su gestión, marcada por escándalos de corrupción, la crisis económica y los conflictos sociales.
El congresista Roberto Sánchez, quien fue ministro en el gobierno de Pedro Castillo y compartió gabinete con Boluarte, también se pronunció sobre la situación, señalando que la evasión de la justicia de Nicanor Boluarte es “lamentable” y advirtió sobre la protección que el gobierno parece brindar a su familia. “Es evidente que existe un blindaje”, expresó.
Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha optado por no hacer comentarios directos sobre la fuga de Nicanor, aludiendo a la imparcialidad que debe caracterizar la justicia y respetando el debido proceso. Sin embargo, Maurate hizo un llamado generalizado para que se respeten los derechos fundamentales de todos los peruanos, aunque no abordó específicamente la situación del hermano de la presidenta.
El caso de Nicanor Boluarte es solo el último en una serie de escándalos de corrupción que han socavado aún más la imagen del gobierno de Dina Boluarte, quien enfrenta presiones tanto internas como internacionales. La fuga de su hermano, sumada a la crisis de gobernabilidad y a la creciente desaprobación popular, ha dejado al ejecutivo en una situación aún más precaria. Las próximas semanas serán claves para determinar si la justicia logrará dar con el paradero de Nicanor Boluarte, y si el gobierno será capaz de superar este nuevo desafío político y social.
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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.
En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.
La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.
En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.
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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.
La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.
La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.
Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.
La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.
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Congreso censura al presidente interino José Jerí tras blindaje fallido de Fuerza Popular

El Congreso de la República aprobó este martes 17 de febrero de 2026 la censura contra el presidente interino José Jerí Oré, poniendo fin a su breve gestión de apenas cuatro meses y una semana tras asumir por sucesión constitucional luego de la vacancia de Dina Boluarte. La moción se debatió en un Pleno Extraordinario donde se acumularon siete propuestas de censura, motivadas principalmente por las reuniones no registradas que sostuvo Jerí con empresarios chinos, señaladas por presuntas irregularidades, tráfico de influencias y falta de idoneidad para el cargo. Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la censura superó ampliamente los 66 votos requeridos, declarando vacante la Presidencia de la República.
La bancada de Fuerza Popular, encabezada por Keiko Fujimori, mantuvo un blindaje disciplinario hasta el final. Dieciséis congresistas fujimoristas votaron en contra de la censura, fieles a la postura defendida por su lideresa, quien el lunes anterior insistió en que remover a Jerí a solo dos meses de las elecciones generales de abril de 2026 generaría inestabilidad política. Entre los que respaldaron esta línea se encuentran Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Ernesto Bustamante y Martha Moyano. Sin embargo, el apoyo de otras bancadas —Renovación Popular, Perú Libre, sectores de Acción Popular y Somos Perú— fue determinante para imponer la salida del mandatario.
Keiko Fujimori había expuesto su posición el lunes en el programa Enfrentados de América Televisión, donde argumentó que un cambio abrupto provocaría caos institucional y podría favorecer a la “izquierda radical”. Aunque reconoció fallas en la gestión de Jerí, sobre todo en seguridad, subrayó que su defensa respondía al orden constitucional y no a un respaldo personal. Las declaraciones circularon en varios medios, pero no lograron cambiar el rumbo en el hemiciclo, dejando a Fuerza Popular expuesta a críticas por aparente priorización de intereses propios por encima de la gobernabilidad.
Con la censura aprobada, el Congreso sesionará este miércoles 18 de febrero para elegir al nuevo presidente de la Mesa Directiva, quien asumirá de inmediato la Presidencia interina hasta el 28 de julio, fecha en que juramentará el ganador de las elecciones. José Jerí se convierte así en el octavo presidente peruano en menos de una década, un hecho que refuerza la imagen de inestabilidad crónica del sistema político y agrava la crisis institucional en plena recta electoral.
La salida de Jerí deja un panorama más incierto para los comicios, con Fuerza Popular bajo fuego por el fracaso de su estrategia de blindaje mediático y congresal. El país espera ahora la designación del nuevo mandatario interino en medio de una alta polarización, crecientes demandas ciudadanas por transparencia y anticorrupción, y el riesgo de mayor fragmentación política justo antes de las urnas.

















