Indulto a Pedro Castillo vuelve a generar tensión política durante la transición de José María Balcázar

Lima, 3 de junio de 2026.– El debate sobre un posible indulto o gracia presidencial a Pedro Castillo ha vuelto a instalarse en el centro de la agenda política durante el gobierno transitorio de José María Balcázar. Desde febrero de este año, declaraciones ambiguas del mandatario, solicitudes legales presentadas por el entorno del exjefe de Estado y versiones contradictorias dentro del Ejecutivo han alimentado una creciente incertidumbre en medio del proceso electoral.

La controversia se reactivó incluso antes de la llegada de Balcázar al poder. Un día antes de su elección como presidente de transición, la defensa de Castillo, liderada por Walter Ayala, presentó una solicitud formal de indulto alegando una presunta persecución política. La situación despertó sospechas debido a declaraciones previas del entonces congresista, quien había señalado que una eventual gracia presidencial podría ser evaluada.

Las dudas se intensificaron durante las primeras semanas de gobierno. Mientras el 19 y 20 de febrero el Ejecutivo aseguró que el indulto “no estaba en agenda”, apenas un día después Balcázar afirmó que revisaría cualquier solicitud presentada formalmente. El aparente cambio de posición generó cuestionamientos desde el Congreso y abrió un intenso debate político sobre el alcance de las decisiones de un gobierno cuya principal misión era garantizar la estabilidad y conducir las elecciones generales.

Entre marzo y abril, la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia recibió diversas solicitudes vinculadas al exmandatario recluido en el penal de Barbadillo. Sin embargo, una de las más relevantes fue declarada inadmisible el 30 de abril por observaciones administrativas y falta de documentación. Pese a ello, nuevos pedidos y gestiones continuaron llegando desde simpatizantes y sectores cercanos a Castillo.

La polémica volvió a escalar el 13 de mayo durante una actividad oficial en Iquitos, cuando Balcázar respondió sobre el tema señalando que cualquier decisión “depende de que presente su solicitud correspondiente”. Paralelamente, reportes periodísticos y versiones difundidas en medios y redes sociales mencionaron presuntas presiones internas y cambios dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales, mientras el Ministerio de Justicia insistía en negar una liberación inminente.

Especialistas consultados sostienen que el principal obstáculo sigue siendo jurídico. La sentencia contra Pedro Castillo aún se encuentra en etapa de apelación y no tiene carácter firme, requisito habitual para un indulto convencional. En ese escenario, cualquier derecho de gracia de carácter humanitario requeriría la acreditación de condiciones médicas excepcionales. Mientras tanto, el gobierno mantiene una posición cautelosa que evita cerrar definitivamente una posibilidad que continúa generando polarización política en la recta final de la transición.