Lima, 13 de noviembre de 2025 – Venezuela ha activado una «defensa total» con el despliegue de 200.000 efectivos militares en respuesta a la creciente presencia de fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. Bajo el Plan Independencia 200, anunciado el 11 de noviembre, Caracas puso en máxima alerta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluyendo medios terrestres, aéreos, navales y sistemas de defensa rusos S-300, para proteger su soberanía frente a lo que Nicolás Maduro califica como «la mayor amenaza en 100 años».

La escalada comenzó en septiembre de 2025, cuando la administración de Donald Trump intensificó su presencia militar, justificándola como una operación antinarcóticos contra cárteles como el Tren de Aragua. La llegada del portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford, escoltado por destructores y con 15.000-16.000 efectivos, marca el mayor despliegue estadounidense en el Caribe en 35 años. Washington reporta haber destruido 20 botes y causado 76 muertes, acciones que Venezuela denuncia como «ataques extrajudiciales» que violan la soberanía regional.

Maduro ha preparado una «república en armas», movilizando millones de milicianos y planificando una resistencia guerrillera en caso de invasión, mientras expertos advierten que la superioridad tecnológica de EE.UU. contrasta con la ventaja geográfica venezolana para una guerra asimétrica. La tensión ha generado preocupación global, con la ONU y la OEA llamando a la desescalada diplomática. La postura beligerante de Washington debe priorizar el diálogo multilateral para evitar un conflicto que agravaría la crisis humanitaria venezolana, ya golpeada por una economía contraída un 70% y migración masiva.

Organizaciones sociales peruanas han convocado marchas en Lima para repudiar la intervención estadounidense, exigiendo soluciones regionales sí realmente se trata de la lucha contra el narcotráfico sin recurrir a la fuerza. La ausencia de un pronunciamiento del gobierno peruano contrasta con las condenas enérgicas de países como Honduras, Cuba, México y Colombia, que han calificado el despliegue como una «amenaza de intervención» extranjera que debe ser rechazada por todo latinoamericano.

Lima, 13 de noviembre de 2025 – Miles de maestros del SUTEP protagonizaron un combativo paro nacional de 24 horas, exigiendo al Congreso y al Gobierno el cumplimiento de promesas incumplidas: pensiones dignas para jubilados, aumento salarial de S/200 y el 6% del PBI para educación. En la capital, la marcha hacia el Palacio Legislativo fue reprimida por la Policía Nacional, que usó gases lacrimógenos y fuerza física para bloquear el avance. Pese a la violencia, los docentes lograron llegar al carril frontal del Congreso, alzando su voz contra un Estado que, según denuncian, abandona al magisterio.

El dirigente de jubilados, Soto, denunció haber sido pateado por efectivos policiales, un acto que indignó a los manifestantes y se viralizó en redes sociales. “No nos callarán; luchamos por derechos, no por migajas”, declaró Lucio Castro, secretario general del SUTEP, quien criticó al Ejecutivo por observar la Ley 3864, que beneficiaría a 162.000 cesantes y jubilados. La intervención policial, calificada como desproporcionada, no detuvo la protesta, que también exigió el pago del bono excepcional de S/487 y la derogatoria de la Ley 32242, vista como una amenaza al empleo docente.

Este paro, respaldado por más de 6.000 maestros en Lima y miles en regiones, expone la crisis del sector educativo, relegado por un Gobierno que prioriza ajustes fiscales sobre la deuda social. El SUTEP advierte que, sin respuestas concretas, escalará sus medidas de lucha. Mientras el Congreso posterga el debate y el Minedu declara la huelga “improcedente”, la ciudadanía se pregunta: ¿hasta cuándo la educación seguirá siendo la última rueda del coche?

En un paso significativo hacia la sostenibilidad energética, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió a la inauguración del parque solar “Mártires de Barbados II” en Guanajay, Artemisa, marcando la culminación de la primera etapa de un proyecto donado por la República Popular China. Esta fase, con una capacidad de 35 megavatios (MW), incluye siete parques solares de 5 MW cada uno, conectados al Sistema Electroenergético Nacional. La iniciativa, que abarca provincias como Las Tunas, Holguín, Granma, Matanzas y Pinar del Río, promete estabilizar el suministro eléctrico y reducir la dependencia de combustibles fósiles, brindando esperanza a la población cubana.

La segunda etapa del proyecto, actualmente en desarrollo, contempla la instalación de 85 MW adicionales mediante 13 parques de 5 MW y dos de 10 MW, equipados con sistemas de acumulación de energía que optimizarán su rendimiento. El embajador chino en Cuba, Hua Xin, resaltó el impacto estratégico de esta cooperación, que no solo ahorrará divisas para impulsar la economía, sino que también disminuirá las emisiones de carbono. Además, China apoyará con 5000 sistemas fotovoltaicos para viviendas aisladas y proyectos de mayor envergadura, como parques solares de 200 MW, fortaleciendo la resiliencia energética de la isla.

La viceministra del Comercio Exterior, Déborah Rivas, expresó un profundo agradecimiento al gobierno chino por su compromiso, especialmente por su rápida respuesta ante los daños del huracán Melissa, con donativos de alimentos, materiales de construcción y luminarias solares. Este proyecto, que ya genera energía en siete instalaciones, simboliza un futuro más luminoso para Cuba, donde la colaboración internacional y el enfoque en energías renovables abren caminos hacia la recuperación económica y el bienestar de su pueblo.