Reorganización del MIDAGRI abre debate sobre el momento de la reforma y la participación del sector agrario

Lima, 5 de agosto 2026.- El Ejecutivo oficializó este miércoles el Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI, mediante el cual declara en reorganización al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) por un plazo de 120 días calendario. La medida busca evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión de la entidad para proponer las reformas que correspondan.

La decisión ha generado un debate entre especialistas en gestión pública sobre la oportunidad del proceso, considerando que aún se encuentra pendiente la aprobación de la Política General de Gobierno 2026-2031, instrumento que establece las prioridades del Poder Ejecutivo y orienta el diseño de las políticas y acciones de los sectores.

Desde esa perspectiva, algunos analistas sostienen que una reorganización institucional alineada con la Política General de Gobierno facilitaría que las modificaciones organizacionales respondan a objetivos estratégicos previamente definidos. Otros consideran que un diagnóstico anticipado puede contribuir a identificar oportunidades de mejora que posteriormente se articulen con las prioridades gubernamentales.

Otro aspecto que ha sido materia de análisis es el alcance del proceso de reorganización. El decreto dispone la elaboración de un diagnóstico técnico interno, pero no establece mecanismos específicos para recoger aportes de los distintos actores vinculados al sector agrario durante esta etapa.

Diversos especialistas señalan que la participación de productores de la agricultura familiar, agricultores, organizaciones agrarias, juntas de usuarios de riego, cooperativas, agroexportadores, trabajadores agrarios, comerciantes y empresas de la cadena agroalimentaria podría enriquecer el diagnóstico, al incorporar la experiencia de quienes interactúan de manera permanente con los servicios que brinda el ministerio.

La reorganización del MIDAGRI representa una oportunidad para fortalecer la gestión institucional y adecuarla a los desafíos del desarrollo agrario. El principal reto será que las reformas logren combinar eficiencia administrativa, alineamiento con las políticas nacionales y una amplia participación de los actores del sector, con el propósito de consolidar una institución orientada a responder de manera más efectiva a las necesidades del agro peruano.