Huaura rechaza dos megapenales que impulsa el Gobierno

La entrega de terrenos estatales para construir dos establecimientos penitenciarios en Huacho reaviva la oposición de autoridades y ciudadanos. La provincia reclama diálogo y exige que sus necesidades de salud, educación y desarrollo también sean atendidas.

Huacho, 5 de noviembre de 2026.- La decisión del Gobierno de impulsar la construcción de dos megapenales en Huacho, provincia de Huaura, ha reavivado el rechazo de sectores de la población que cuestionan la instalación de grandes establecimientos penitenciarios en su territorio. El 4 de noviembre, la presidenta Keiko Fujimori encabezó la entrega de terrenos estatales destinados a estos proyectos, pese a los cuestionamientos que las autoridades locales habían formulado desde 2025.

Gobierno entrega terrenos para dos megapenales

Durante una actividad realizada en el establecimiento penitenciario Ancón I, Fujimori anunció la entrega de títulos habilitantes correspondientes a dos terrenos estatales que comprenden aproximadamente 2.600 hectáreas. Los predios serán destinados a la construcción de dos centros penitenciarios en Huacho y el Gobierno ha solicitado acelerar su ejecución.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, informó que los establecimientos tendrían una capacidad conjunta proyectada de 24.000 internos: uno para 14.000 reclusos primarios y otro para 10.000 personas vinculadas a organizaciones criminales. La propuesta contempla sistemas de construcción modular y regímenes penitenciarios diferenciados.

Huaura ya había presentado su rechazo

La oposición institucional no comenzó con los recientes anuncios. El 28 de julio de 2025, el alcalde provincial Santiago Yuri Cano La Rosa presentó, según el pronunciamiento municipal difundido, un memorial dirigido a la entonces presidenta de la República, mediante el cual expresó el rechazo de la municipalidad a la construcción de un establecimiento penitenciario en la provincia.

El documento solicitó paralizar los procedimientos técnicos y administrativos del proyecto, instalar una mesa técnica intergubernamental con participación de las autoridades y la sociedad civil, y desarrollar mecanismos de consulta pública para evaluar los impactos sociales, económicos, urbanos y ambientales.

La provincia reclama hospitales, colegios y desarrollo

Los cuestionamientos también se expresan en las calles. El 4 de noviembre, ciudadanos de Huacho manifestaron su oposición mediante pintas con mensajes contra la construcción de nuevas cárceles, según reportes de medios locales. La controversia vuelve a poner sobre la mesa las demandas de una provincia que reclama mejores servicios públicos e inversiones para su población.

Entre las prioridades planteadas por las autoridades locales figuran hospitales modernos y equipados, infraestructura educativa, seguridad ciudadana, oportunidades laborales y proyectos que impulsen el desarrollo económico de sus distritos y centros poblados.

Un conflicto que exige diálogo y decisiones transparentes

El proyecto penitenciario también tiene antecedentes técnicos. En marzo de 2026, el Ministerio de Justicia suscribió un convenio de cooperación con CAF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para desarrollar los estudios de preinversión de un establecimiento penitenciario en Huacho, inicialmente proyectado para albergar a 16.520 internos.

Ahora, con la entrega de terrenos para dos establecimientos y una capacidad conjunta anunciada de 24.000 internos, el Gobierno avanza en su política de ampliación de la infraestructura penitenciaria. Sin embargo, sigue pendiente conocer cómo se atenderán los cuestionamientos de la población y qué mecanismos de participación y evaluación territorial se implementarán. La seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado no deberían convertirse en argumentos para ignorar las demandas de las comunidades. El futuro de Huaura también debe decidirse escuchando a sus habitantes.